Penosamente, los accidentes de tránsito dejaron hace tiempo de ser hechos aislados para convertirse en una de las tragedias cotidianas del Paraguay. Las estadísticas muestran una realidad que ya no debería admitir indiferencia. El Ministerio de Salud señala que los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte entre las personas de 15 a 49 años y que, en promedio, cada ocho horas muere una persona en el país como consecuencia de un percance vial. Además, más de la mitad de las víctimas fatales son motociclistas.
En Alto Paraná, la situación adquiere características particularmente preocupantes. No son simplemente números. Detrás de cada cifra existe una familia, un trabajador, un joven, una persona que puede quedar con lesiones permanentes o perder la vida por una maniobra imprudente, una velocidad excesiva, el consumo de alcohol o una decisión tomada en apenas unos segundos. Nuestro país dispone de legislación, organismos especializados y mecanismos de fiscalización.
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tiene precisamente entre sus funciones la generación de información para diseñar políticas públicas destinadas a reducir la siniestralidad. La Patrulla Caminera también desarrolla controles preventivos y operativos específicos, la Policía Municipal cumple su deber en arterias internas. Pero existe una dificultad que ninguna norma puede resolver por sí sola, pues finalmente, una enorme parte de la seguridad depende de quien se encuentra detrás del volante o del manubrio.
Toda señalización, todo semáforo, toda multa y todo operativo de control quedan parcialmente desarticulados cuando el conductor decide ignorarlos. De poco sirve establecer un límite de velocidad si alguien considera que cumplirlo es opcional. ¿Acaso no todos saben que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol? Ninguna campaña será suficiente cuando la prudencia sea considerada una debilidad y no una obligación.
Esto no libera de responsabilidad a las autoridades. Por el contrario, las obliga a actuar con mayor inteligencia. No alcanza con aparecer después del accidente. Se necesitan mecanismos permanentes para identificar puntos críticos, mejorar iluminación y señalización, ordenar cruces peligrosos, controlar velocidades, fiscalizar motocicletas, combatir la conducción alcoholizada y utilizar los datos disponibles para prevenir antes que lamentar. La seguridad vial tampoco puede reducirse a una cuestión de multas. Debe existir educación desde temprana edad, controles efectivos y una infraestructura que contribuya a disminuir las consecuencias del error humano.
El conductor tiene la primera responsabilidad, pero el Estado tiene la obligación de construir condiciones que hagan más difícil que una imprudencia termine en muerte. Mientras sigamos aceptando que cada accidente es simplemente “mala suerte”, continuaremos administrando tragedias en lugar de prevenirlas. En las calles y rutas, la prudencia no es una virtud adicional, es el mínimo indispensable para regresar con vida a casa.
