El Ministerio Público abrió una causa penal para investigar la presunta utilización de títulos académicos falsos dentro de la función pública, luego de una denuncia presentada por la Contraloría General de la República.
La investigación se inició tras una auditoría que detectó preliminarmente a 1.090 funcionarios públicos que estarían utilizando documentos académicos presuntamente irregulares. La fiscalización había sido solicitada por la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos de la Cámara de Senadores.
El caso quedó a cargo de los fiscales Francisco Manuel Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por los abogados Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría General de la República. Para llegar a los primeros resultados, la Contraloría realizó un trabajo de trazabilidad de los títulos universitarios y auditó actuaciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Ahora, la Fiscalía deberá esclarecer los hechos y determinar si existen conductas con relevancia penal vinculadas con los documentos académicos cuestionados y su eventual utilización dentro de instituciones estatales.
La investigación podría alcanzar una dimensión todavía mayor, considerando que el contralor Camilo Benítez había señalado anteriormente que la cantidad de títulos presuntamente falsos dentro del Estado podría llegar a unos 5.000 casos.
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