Hasta el momento la Comandancia de la Policía Nacional no se ocupó en despejar las dudas existentes tras el operativo realizado el 28 de julio pasado, cuando, en la ruta PY09 a metros del puente Remanso, se realizó un operativo que derivó en la incautación de un tractocamión que contenía nada menos que 452 kilos de cocaína.
Las semanas pasaron, y las dudas sobre las consecuencias de este operativo policial están en la superficie, ya que se mencionan los nombres del mismísimo comandante de la Policía Nacional, Comisario General César Silguero, y el director de Investigación Criminal Marcelino Espinoza, como quienes habrían estado comprometidos con lo que ocurrió después.
Es que, ambos habrían decidido finalmente la eliminación del Departamento Contra el Tráfico de Armas, cuyos agentes tuvieron participación directa en el megaoperativo antidrogas. Sin embargo, ayer martes, el propio Comandante de la Policía Nacional ordenó reactivar la unidad, y nombró a otro de sus camaradas como jefe de esa dirección.
Cabe recordar que los uniformados de esa dirección policial descubrieron un sofisticado compartimiento de doble fondo detrás del paragolpe trasero del semirremolque, donde encontraron las drogas.
Y el “premio” que recibieron, fue la eliminación total de esa repartición policial y la designación de sus miembros a otras unidades policiales. En ese operativo habían sido detenidos Jonatan Nicolás Brítez Villalba (31) y Jorge Antonio Villalba (34), ambos domiciliados en Pedro Juan Caballero.
Si bien el procedimiento estuvo encabezado por la fiscala Norma Paredes, el caso tomó otra dimensión cuando posteriormente comenzaron a surgir informes y datos de inteligencia que presuntamente apuntan hacia las propias filas policiales, y se menciona insistentemente el nombre del comisario Rodolfo Domingo Orué, actual jefe de la Comisaría 17ª de Santa Rosa del Monday, en el departamento de Alto Paraná, como supuesto propietario del cargamento.
Se trata de una grave sospecha que deberá ser esclarecida mediante una investigación formal y con todas las garantías correspondientes, pero hasta ahora ni existe pronunciamiento alguno. También surgieron cuestionamientos sobre el supuesto nivel de vida del jefe policial, a quien se atribuyen vehículos de alta gama, inmuebles y otros bienes. El origen de ese patrimonio debería ser contrastado con sus ingresos como funcionario público para despejar cualquier sospecha.
A las versiones sobre Orué se agregan datos internos acerca de una presunta red de protección que supuestamente le habría permitido mantenerse durante años alejado de investigaciones. Por la gravedad de estas afirmaciones, corresponde que sean verificadas por el Ministerio Público y por los organismos de control de la Policía Nacional.
Tras el cierre del Departamento contra el Tráfico de Armas, las miradas necesariamente alcanzan al director de Investigación Criminal, Marcelino Espinoza, bajo cuya administración se concretó la determinación, pero también al comandante de la Policía Nacional, César Silguero, máxima autoridad uniformada de la institución, quien si hacer desaparecer las sospechas sobre su actuación, ayer corrigió su decisión.
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