Una llamativa decisión adoptada en las más altas esferas de la Policía Nacional genera fuertes cuestionamientos luego de la incautación de 452 kilos de cocaína en Villa Hayes, un procedimiento que posteriormente terminó salpicando a un jefe policial de Alto Paraná. En el centro de las explicaciones que ahora se reclaman aparecen dos comisarios generales: César Silguero, comandante de la Policía Nacional, y Marcelino Espinoza, director de Investigación Criminal.
El Departamento Contra el Tráfico de Armas, cuyos agentes tuvieron participación directa en el megaoperativo antidrogas, fue eliminado de la estructura policial poco después del procedimiento. La medida fue ejecutada dentro de la Dirección de Investigación Criminal, encabezada por Espinoza, pero difícilmente puede pasar desapercibida para el propio comandante de la Policía Nacional, César Silguero, atendiendo la magnitud y las consecuencias de una determinación de este tipo.
El procedimiento que desató toda esta situación se realizó el pasado 28 de julio sobre la Ruta PY09, a unos 400 metros del peaje Remanso, en Villa Hayes. Los intervinientes interceptaron un tractocamión Scania R420 y descubrieron un sofisticado compartimiento de doble fondo detrás del paragolpe trasero del semirremolque.
En el escondite fueron encontrados 450 panes de cocaína, con un peso aproximado de 452 kilos. Fueron aprehendidos Jonatan Nicolás Brítez Villalba (31) y Jorge Antonio Villalba (34), ambos domiciliados en Pedro Juan Caballero. El procedimiento estuvo encabezado por la fiscala Norma Paredes.
Pero el caso tomó otra dimensión cuando posteriormente comenzaron a surgir informes y datos de inteligencia que presuntamente apuntan hacia las propias filas policiales. Fuentes vinculadas a la investigación señalan al comisario Rodolfo Domingo Orué, actual jefe de la Comisaría 17ª de Santa Rosa del Monday, como supuesto propietario del cargamento. Se trata de una grave sospecha que deberá ser esclarecida mediante una investigación formal y con todas las garantías correspondientes.
También surgieron cuestionamientos sobre el supuesto nivel de vida del jefe policial, a quien se atribuyen vehículos de alta gama, inmuebles y otros bienes. El origen de ese patrimonio debería ser contrastado con sus ingresos como funcionario público para despejar cualquier sospecha.
A las versiones sobre Orué se agregan datos internos acerca de una presunta red de protección que supuestamente le habría permitido mantenerse durante años alejado de investigaciones. Por la gravedad de estas afirmaciones, corresponde que sean verificadas por el Ministerio Público y por los organismos de control de la Policía Nacional.
Sin embargo, un punto particularmente llamativo es lo ocurrido con el Departamento Contra el Tráfico de Armas. Después de participar de un procedimiento que permitió sacar de circulación casi media tonelada de cocaína, la dependencia terminó siendo eliminada.
Es allí donde las miradas necesariamente alcanzan al director de Investigación Criminal, Marcelino Espinoza, bajo cuya administración se concretó la determinación, pero también al comandante de la Policía Nacional, César Silguero, máxima autoridad uniformada de la institución.
Ambos comisarios generales deberían explicar públicamente qué motivó la eliminación de la dependencia, si la decisión ya estaba prevista antes del decomiso, quién ordenó concretamente la reestructuración, cuál será el destino de los agentes que participaron del procedimiento y si existe alguna relación entre la medida y las derivaciones posteriores de la investigación.
Pero existe una pregunta todavía más importante: ¿la Policía Nacional investigará hasta las últimas consecuencias la presunta vinculación de uno de sus propios jefes con un cargamento de 452 kilos de cocaína?
Si las sospechas contra Orué son infundadas, una investigación seria deberá demostrarlo. Pero si existen elementos que vinculan a integrantes de la Policía Nacional con semejante cargamento, el caso no puede diluirse mediante simples movimientos administrativos o reestructuraciones internas.
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