Dos nuevos casos de violencia familiar terminaron con la aprehensión de los supuestos agresores en distintos barrios de Ciudad del Este. En uno de los episodios, una mujer denunció haber sido atacada por su concubino porque se negó a entregarle dinero para comprar drogas, mientras que en el segundo caso la víctima fue un hombre de 70 años presuntamente agredido por su propio hijo.
El hecho más reciente ocurrió ayer, alrededor de las 13:45, en una vivienda alquilada del km 6,5, barrio San Isidro. Allí fue aprehendido Anderson Josías Torales Quiñónez, de 23 años, tras el pedido de auxilio realizado por su concubina, Ruth Noeli Gómez Zaracho.
Según la denuncia, el joven la habría maltratado verbal, física y psicológicamente luego de que ella se negara a entregarle dinero. La víctima manifestó a los intervinientes que su pareja sería adicta a estupefacientes y que pretendía conseguir dinero para adquirir su “vicio”. Agentes de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y procedieron a su aprehensión. La fiscala especializada Liliana Denice Duarte dispuso su detención preventiva.
El otro episodio se registró en una vivienda del barrio San Agustín, zona alta, donde fue detenido Derlis Rubén Peralta Sánchez, de 40 años, por un supuesto hecho de violencia familiar contra su propio padre, Francisco Peralta, de 70 años.
La intervención se produjo luego de un pedido de auxilio realizado por vecinos al Sistema 911. De acuerdo con el reporte policial, el adulto mayor denunció que no sería la primera vez que su hijo protagoniza agresiones contra él y su pareja, María Cristina Sánchez.
Agentes de la Subcomisaría Nº 1 del barrio San Rafael encontraron al sospechoso todavía en la vivienda y procedieron a su aprehensión. Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Regional para el diagnóstico médico correspondiente y quedó a disposición de las autoridades. De esta manera, dos intervenciones policiales por violencia dentro del entorno familiar dejaron como resultado dos hombres detenidos, mientras los respectivos casos quedaron en manos del Ministerio Público.
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