La investigación sobre el cargamento de 20 fusiles de guerra incautado durante la Operación ARES, en Santa Rosa del Monday, expone una de las hipótesis más preocupantes para los organismos de seguridad: que integrantes de la propia Policía Nacional estarían siendo utilizados como eslabones logísticos para abastecer de armamento de alto poder a organizaciones criminales que operan tanto en Paraguay como en Brasil.
El caso tiene como principal imputado al suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha, de 38 años, quien prestaba servicios en la Subcomisaría 27ª de Acepar, Canindeyú. El uniformado fue detenido por agentes de la SENAD cuando transportaba, ocultos en compartimientos secretos de un automóvil Toyota Sienta, componentes de 20 fusiles automáticos de uso militar, con números de serie removidos.
El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, reveló que varias de las armas conservaban el logotipo de la Guardia Civil Española, lo que confirma que pertenecieron en el pasado a esa institución y que debieron haber sido destruidas conforme a los protocolos internacionales. Sin embargo, terminaron ingresando al circuito del tráfico ilegal de armas que abastece a organizaciones criminales de la región.
Rachid explicó que los investigadores deberán reconstruir la trazabilidad del armamento para determinar su recorrido internacional y establecer si esas armas fueron utilizadas anteriormente en hechos punibles. Agregó que el verdadero problema radica en los países donde estos arsenales son almacenados ilegalmente antes de ser enviados a Sudamérica, señalando incluso la falta de controles en centros de acopio internacionales.
FAVELA ROCINHA, EN RÍO DE JANEIRO
Según los informes de inteligencia manejados por la SENAD, el cargamento tenía como destino la favela Rocinha, en Río de Janeiro, considerada uno de los principales enclaves del crimen organizado brasileño. Los investigadores sostienen además que este sería el tercer envío realizado por la misma estructura criminal utilizando idéntico modus operandi. En el mercado negro, cada fusil tendría un valor cercano a los USD 10.000, por lo que el lote completo alcanza una cotización aproximada de USD 200.000.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez, afirmó que la investigación apunta a determinar si el suboficial actuaba únicamente como transportista o si integraba una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas. También anunció que se solicitará cooperación internacional para identificar el país de origen de los fusiles y reconstruir todo el recorrido seguido hasta Paraguay.
IMPUTACIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA
En paralelo, el fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó al uniformado por presunta detentación ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tráfico ilícito de armas y acopio de armamento con fines ilícitos, solicitando además su prisión preventiva. La investigación deberá concluir en un plazo de tres meses.
Durante el procedimiento fueron incautados diez mecanismos de fusiles HK-G3, diez mecanismos de fusiles CETME-C, además de cañones, cerrojos, culatas, cargadores, tubos guía y numerosas piezas con las marcas de identificación eliminadas, lo que evidencia un intento de impedir el rastreo del armamento. La hipótesis fiscal sostiene que las piezas serían ensambladas posteriormente para su comercialización en la Triple Frontera y su distribución hacia grupos criminales de Brasil.
El caso encendió las alarmas dentro del Ministerio del Interior y de los organismos de inteligencia, ya que la principal línea investigativa apunta a un escenario altamente preocupante: que miembros de la propia Policía Nacional estén siendo utilizados para abastecer de material bélico a poderosas organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera, fortaleciendo el poder de fuego del crimen organizado en Paraguay y Brasil.
Recomendados
