La sombra del abuso infantil ha sacudido profundamente a las comunidades del este del país tras la captura de dos hombres en operativos casi simultáneos. En menos de 24 horas, las autoridades policiales y el Ministerio Público debieron intervenir en situaciones extremas donde la vulnerabilidad de las menores y la confianza familiar se vieron fracturadas por actos de violencia sexual. Ambos casos, aunque ocurridos en localidades distintas, comparten el denominador común de la valentía de las víctimas para romper el silencio y la rápida actuación de la fiscal Julia González.
El primer suceso se registró en el asentamiento San Marcos, una zona humilde ubicada en el barrio La Blanca, de Ciudad del Este. Allí, un hombre de 49 años fue arrestado durante la noche del viernes luego de que su hijastra, una pequeña de tan solo 11 años, lograra relatar el calvario que vivía dentro de su propio hogar.
Según los datos que manejan los investigadores, el sospechoso aguardaba sistemáticamente a que la madre de la niña saliera de la vivienda para cumplir con sus obligaciones laborales. En esa orfandad temporal, el sujeto presuntamente sometía a la menor a constantes abusos aprovechando la falta de testigos y su posición de autoridad en la casa.
La resolución de este caso se produjo gracias a que la niña, tras un largo periodo de angustia, decidió esperar el retorno de su progenitora para confesarle los hechos detalladamente. Ante la gravedad del testimonio, la mujer no dudó en acudir a la comisaría jurisdiccional, lo que derivó en un despliegue policial inmediato. Los agentes capturaron al individuo en el mismo asentamiento, evitando cualquier intento de fuga, y lo pusieron bajo custodia estricta.
Por otro lado, a pocos kilómetros de allí, en el municipio de Minga Guazú, otro operativo arrojó resultados similares. En una vivienda situada en el kilómetro 14 lado Monday, dentro de la fracción Campo Verde, fue aprehendido José María Duarte González, de 29 años. En esta ocasión, la tecnología jugó un papel determinante para el esclarecimiento del supuesto hecho punible.
La víctima, una niña de 10 años, utilizó la plataforma de mensajería WhatsApp para enviar mensajes desesperados a sus familiares, describiendo las agresiones de las que estaba siendo objeto.
Fue el padre de la menor quien, al recibir las alertas digitales, radicó la denuncia formal ante las autoridades. La fiscal Julia González, al tomar conocimiento de las pruebas preliminares y los mensajes enviados por la pequeña, ordenó la detención inmediata de Duarte González y dispuso el traslado de la víctima a la unidad fiscal para recibir asistencia psicológica y realizar los estudios médicos de rigor. La celeridad en la orden de aprehensión buscó proteger la integridad física de la niña y asegurar que el sospechoso no interfiriera con el proceso de investigación.
Actualmente, ambos detenidos se encuentran a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público coordina las pericias técnicas y las entrevistas en Cámara Gesell para las menores. Las autoridades han enfatizado que se han activado todos los protocolos de contención para las víctimas y sus familias, intentando mitigar el impacto emocional de estos sucesos
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