La decisión de la jueza Cinthia Garcete, de otorgar arresto domiciliario a cuatro presuntos integrantes de una organización dedicada a la producción masiva de documentos falsos, desató la indignación de la Policía Nacional. Es que, sobraban evidencias para se decrete la prisión de los mismos, al tratarse de una mafia que blanqueaba los vehículos robados en la región.
El procedimiento fiscal-policial se realizó el martes de la semana pasada en Ciudad del Este, donde los intervinientes allanaron una vivienda que funcionaba como una verdadera fábrica de falsificación de todo tipo de documentos. En el lugar se incautaron chapas de vehículos, cédulas verdes, contratos privados y hojas de certificación de firmas de escribanías, todos apócrifos.
Según los investigadores, el grupo se encargaba de “blanquear” vehículos robados en el Brasil, principalmente camionetas de alta gama, para luego revenderlos como legales en nuestro país. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la magistrada resolvió suspender la ejecución de la prisión preventiva y enviar a los imputados a sus casas en tiempo récord.
Los beneficiados con el arresto domiciliario son Miguel Ángel Ramón Cantero, Ernesto Adrián Alderete Agüero y Arturo Gabriel Ortiz Aca. La resolución fue firmada cerca de las 21:00 del jueves y apenas media hora después los procesados ya estaban en libertad. Todos forman parte de una mafia que incluye jueces, fiscales y policías.
La rapidez con la que se ejecutó la orden generó malestar y cuestionamientos dentro de la institución policial. Efectivos que participaron del allanamiento calificaron el fallo como un duro golpe al trabajo investigativo. Desde el Ministerio Público también expresaron su repudio, al considerar que las evidencias colectadas eran contundentes.
En el procedimiento se habrían hallado herramientas, sellos, formularios y materiales listos para la producción de documentos falsificados. Los investigadores sostienen que la estructura operaba como una organización criminal con roles definidos. El objetivo principal era documentar vehículos robados en el vecino país para insertarlos en el mercado local como si fueran legales.
Este esquema no solo afecta a compradores de buena fe, sino que alimenta el crimen transnacional. La jueza impuso la prohibición de salir del país, la obligación de firmar mensualmente el libro de comparecencias y fianzas personales y reales que rondan los G. 80 millones por cada imputado, además de embargo preventivo sobre un inmueble.
No obstante, para los investigadores, estas medidas resultan insuficientes ante el riesgo de fuga y obstrucción. “Todo quedó como agua de borraja”, expresó una fuente policial al referirse al voluminoso cúmulo de pruebas incautadas. El repudio contra la magistrada Cinthia Garcete se hizo sentir en distintos estamentos, donde cuestionan la señal que se envía a las estructuras criminales.
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