Una pistola que había sido requisada como evidencia fue robada de la sede del Ministerio Público, de Ciudad del Este, donde estaba resguardada. El arma de fuego fue reemplazada con una réplica de juguete. Los propios funcionarios de la institución son los principales sospechosos.
El robo en el Ministerio Público ocurrió en el despacho de la fiscala Estela Mary Ramírez, de la Unidad de Violencia Familiar. La misma agente denunció el caso luego de percatarse de que una pistola 9 milímetros que había incautado en el marco de una investigación fue sustraída de su unidad fiscal y fue reemplazada por un arma de juguete. Tras la denuncia, la investigación quedó a cargo de su colega Carolina Rosa Gadea, quien caratuló el caso como hurto especialmente grave y tiene en la mira a varios funcionarios como sospechosos del hurto de evidencias.
Gadea explicó que la fiscala Ramírez se percató del hurto el pasado 7 de enero, aunque se desconoce la fecha exacta en que ocurrió el hecho. “Ella se percató varios días después de que ya no estaba esa evidencia en la unidad fiscal”, señaló. Igualmente, Gadea confirmó que el arma de fuego robada fue una pistola calibre 9 mm, marca CZ, lustre negro y con un cargador, fue reemplazada por una réplica de juguete.
Además de la Fiscalía, un grupo de agentes de Investigación de la Policía está a cargo de la pesquisa. Gadea afirmó que realizarán todas las tareas investigativas necesarias para esclarecer el hecho, en el que los principales sospechosos son los funcionarios de la unidad donde ocurrió el hurto. “Vamos a determinar quiénes son las personas que tienen acceso al despacho de la unidad fiscal. Todos los funcionarios de dicha unidad serán sometidos a investigación”, afirmó.
El despacho de la fiscala Estela Mary Ramírez no cuenta con cámaras de circuito cerrado, pero, en otras dependencias de la Fiscalía de Ciudad del Este sí hay dispositivos de control, que podrían ser útiles para esclarecer el caso.
La pistola de 9 milímetros hurtada fue incautada durante un allanamiento realizado el 13 de octubre del año pasado, en la fracción San Pedro San Pablo, a unos 1.500 metros de la ruta PY02. El allanamiento se realizó en el marco de una investigación por violencia familiar y transgresión de la Ley de Armas. El investigado es un brasileño identificado como Thiago Henric Días Campos (26), quien, de acuerdo a la denuncia, habría maltratado y amenazado de muerte con un arma de fuego a su pareja. El mismo está detenido e imputado.
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