La situación de inseguridad alcanzó niveles extremadamente graves con hechos que enlutan a familias enteras a causa de “ratas” que utilizan biciclos como movilidad y evaden a la justicia con dinero sucio. Todo esto bajo la atenta y cómplice mirada de las autoridades gubernamentales, que no mueven un dedo para contrarrestar este atropello a la gente honesta y trabajadora.
La proliferación de hurtos, asaltos, homicidios, y las demás acciones criminales, no deja de llamar la atención, pues incluso se puede entender que son situaciones que agradan a las autoridades. El silencio oficial obliga a las personas a buscar métodos de defensa propias, pues la Policía, en el mejor de los casos, aprehende a los marginales y estos en poco tiempo nuevamente están en las calles cometiendo fechorías.
La misma protección del Estado con su inacción para con los delincuentes “sin-vergüenzas”, abre la posibilidad para impulsar la justicia por manos propias. Este “caos” jurídico, por fuerzas externas a la legalidad, lleva a pedidos desesperados, y acciones que rondan la desobediencia a las normas, debido a la total desatención de las instituciones encargadas de velar por los bienes de las personas.
Es inconcebible que en un Estado de derecho se repitan aberrantes atropellos a gente que trabaja, produce, paga sus impuestos y por sobre todo da fuente ingreso a compatriotas. Beneficiar a haraganes con medidas livianas, marca que la ley es únicamente garantista de los marginales. Y hasta se justifican acciones fuertes contra estas ratas para repeler ataques.
No reivindicamos la desobediencia a la ley, pero sí se debe exigir la garantía que posibilite la protección a todos por igual, no solo a al grupo de parásitos. Nadie puede desconocer el legítimo derecho de ser juzgado antes de ser condenado, pero a la velocidad de atentados contra la vida de jóvenes, estudiantes y padres de familia, no resta más que actuar con el mismo elemento en contra de bandidos.
El trabajo es una manera de obtener recursos económicos, y mediante ahorros y privaciones el ciudadano consiente logra mediana comodidad. Esta es una alternativa que los miserables bandidos deberían seguir. Es netamente obligación del Estado la salvaguarda de estos derechos.
Seguir en esta misma instancia solo nos hundirá más a un desgobierno y donde los civiles tomarán armas para asegurarse la subsistencia y la protección de sus bienes. Cada quien debe defender lo suyo, no queda otra alternativa. Esta imagen de país permisivo con agresiones jurídicas y físicas, solo nos coloca en el nivel más bajo de democracia y bienestar general.
La previsibilidad de los hechos es sinónimo que los atentados a las leyes serán sancionados y que los agredidos serán defendidos por el dueño del poder. Salir de este marco reforzará anarquías y dará paso definitivo a un caos nunca antes vivido en los últimos tiempos en el Paraguay. Esto ya se percibe, y el riesgo cada vez cobra más posibilidad de ser realidad.
No hay tiempo que perder en la toma de acciones contundentes para intentar devolver la normalidad, por lo que el Gobierno por medio del Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía, deben emprender labores determinantes, exigiendo acompañamiento del Ministerio Público y de la misma Justicia. La marginalidad impera, y no precisamente eso se enmarca dentro de “estar mejor”.
