- ESTÁ CON ARRESTO DOMICILIARIO POR UN CASO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, ANTE GRAVES DENUNCIAS PRESENTADAS POR SU EX ESPOSA.
- LA FISCALÍA LE ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN POR ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, PERO AÚN NO HAY IMPUTACIÓN.
- EN LA DENUNCIA EN SU CONTRA, HASTA SE APORTARON FOTOGRAFÍAS QUE PRUEBAN EL GRAVE HECHO.
- INTENCIÓN DE EDUARDO DE SOUZA SERÍA OBTENER A FUERZA DE DINERO LA TENENCIA DE SUS HIJOS MENORES, Y HUIR DEL PAÍS.
- CAMARISTAS USARON ABSURDOS ARGUMENTOS PARA FAVORECERLE, IMPIDIENDO QUE SE REALICE ANTICIPO EN CÁMARA GESSEL.
El empresario uruguayo EDUARDO DE SOUZA estaría operando para obtener su libertad ambulatoria mediante un recurso de apelación que debe ser resuelto por un tribunal de apelación, que le favoreció recientemente para evadir una diligencia importante dentro de la causa en la que se encuentra imputado por el hecho punible de violencia familiar, en perjuicio de su esposa YENNY GIACOMINI DE SOUZA.
Se trata de la misma persona que había logrado una medida cautelar amañada dictada por el cuestionado juez penal de garantías de la Ciudad de Hernandarias, NELSON OJEDA QUINTANA, quien en el marco de un juicio de régimen de convivencia que fue a parar en su despacho por inhibición de la jueza especializada en la materia, dispuso que los hijos menores de la pareja: Un niño de 10 años, y su hermanita de 4 años, sean arrebatados de la madre, y pasen a convivir con el padre.
Esta medida insólita motivó la intervención de oficio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez NELSON OJEDA QUINTANA, y acusación por mal desempeño presentada por la señora YENNY GIACOMINI DE SOUZA, por lo que el mismo se encuentra expuesto a ser enjuiciado y removido del cargo.
Recientemente, el Tribunal de Apelación Penal de esta Circunscripción Judicial, por mayoría de votos de los magistrados EFREN GIMÉNEZ y MIRIAM MEZA DE LÓPEZ, favoreció al señor EDUARDO DE SOUZA, en un fallo llamativo por el cual revocaron la resolución de la jueza MARÍA DE FÁTIMA BURRÓ.
Miriam Meza, es la cuestionada magistrada que estuvo suspendida en el cargo por varios meses y sancionada recientemente con apercibimiento por el JEM por haber votado por la excarcelación de un policía condenado por abuso sexual en niños.
En este caso, la magistrada de Garantías Fátima Burró había ordenado la declaración testifical de los hijos del matrimonio, en Cámara Gesell, en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, teniendo en cuenta que dentro de la misma causa sobre violencia familiar, se investiga un supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, denunciado por la madre.
La misma había relatado que sorprendió a su marido en más de una oportunidad bañándose con la hija, exponiéndose ante ella totalmente desnudo, e incluso aportó tomas fotográficas como pruebas, y que ante ese hecho existe la sospecha de que pudiera haberse producido algún acto de abuso sexual en perjuicio de la niña.
El Tribunal de Apelación en forma absolutamente contradictoria determinó que la diligencia no debería realizarse como anticipo jurisdiccional de prueba, tal como había solicitado el Ministerio Público y ordenado el Juzgado de Garantías, sino como “acto investigativo y bajo control jurisdiccional”.
Sin embargo, la definición misma del anticipo jurisdiccional de prueba es “acto investigativo con fuerza probatoria, realizado antes del juicio oral y público, bajo control jurisdiccional”. Esta contradicción dejó en evidencia la parcialidad del Tribunal de Apelación, a favor del señor DE SOUZA.
Ese mismo Tribunal de Apelación debe resolver ahora un recurso de apelación interpuesto por el señor DE SOUZA contra la resolución que mantiene su arresto domiciliario, quien se estaría valiendo de su poder económico y sus influencias a través de la masonería para torcer los fallos judiciales a su favor.
La víctima teme que el imputado obtenga su libertad ambulatoria y cumpla su amenaza de huir del país, y llevarse clandestinamente a sus hijos menores, sin consentimiento de la madre, hecho que fue denunciado por ella tanto ante el Ministerio Público como ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, y que aproveche su libertad ambulatoria para hostigar a testigos, como ya lo hizo con algunos, según denuncia documentada presentada por la víctima.
Se menciona que una funcionaria judicial que cumple funciones en la Oficina de Mediación en el área de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial, sería el nexo del empresario con los magistrados del Tribunal de Apelación.
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