La corrupción sigue vigente en el Paraguay porque, además de quienes la practican, todavía existen demasiados que la toleran, la justifican o simplemente aprendieron a convivir con ella. Se ha instalado una peligrosa resignación en la sociedad, esa idea de que “así nomás luego es”, como si el robo de los recursos públicos, el tráfico de influencias, el nepotismo, el despilfarro y la falta de transparencia fueran defectos inevitables de nuestra vida institucional. No lo son. Son conductas que tienen responsables y, por sobre todo, consecuencias que deberían ser impuestas.
La corrupción no desaparece con discursos, campañas publicitarias ni declaraciones de buenas intenciones. Requiere interés real, voluntad política y, fundamentalmente, acción. Allí donde existen controles débiles, instituciones sometidas, funcionarios que responden a intereses particulares y ciudadanos dispuestos a mirar hacia otro lado, la corrupción encuentra terreno fértil para reproducirse. Y cuando el corrupto comprueba que puede apropiarse de lo que pertenece a todos sin recibir una sanción efectiva, entiende que el sistema le resulta más conveniente que la honestidad.
También debemos abandonar la equivocada concepción de que la honestidad es una virtud extraordinaria en la función pública. Es una obligación. Del mismo modo, administrar correctamente los recursos públicos no constituye un favor del funcionario hacia la ciudadanía. Es su deber. Quien ocupa un cargo público no recibe una licencia para disponer del dinero ajeno según conveniencias políticas, familiares o personales. Recibe una responsabilidad que debe cumplir con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Por eso, combatir la corrupción exige mucho más que perseguir a algunos corruptos cuando el daño ya está hecho. Significa cerrar las puertas que permiten el abuso, fortalecer los mecanismos de control, garantizar investigaciones independientes y conseguir que las denuncias tengan consecuencias. En el mismo sentido, también significa que la ciudadanía deje de premiar electoralmente a quienes utilizan el poder para enriquecerse, repartir privilegios o convertir las instituciones en herramientas de intereses particulares.
El “así nomás luego es” debe dejar de ser una explicación y convertirse en una vergüenza. Nada obliga al Paraguay a convivir eternamente con funcionarios incapaces, administraciones opacas y dirigentes que entienden el Estado como patrimonio propio. Si existen normas, deben cumplirse; si existen controles, deben funcionar; y si existen evidencias de corrupción, deben producirse las consecuencias correspondientes.
La honestidad debe ser la regla. La buena gestión tampoco puede depender de la voluntad personal de quien ocupa un cargo. Tiene que ser una exigencia institucional. Erradicar la corrupción no será sencillo, pero mientras sigamos aceptándola como parte inevitable de nuestra realidad, estaremos haciendo exactamente lo que más le conviene, es decir permitir que siga vigente como irrompible.
