La política contemporánea parece haber incorporado una peligrosa confusión de creer que la popularidad es equivalente a capacidad para ejercer la representación pública. En esa lógica distorsionada, personajes de la farándula y figuras que acumulan seguidores en plataformas digitales terminan convertidos, casi por inercia, en candidatos a cargos legislativos. Y muchas veces en legisladores.
Conviene aclararlo que no se trata de menospreciar los nuevos medios de comunicación ni las herramientas que han democratizado la visibilidad pública. Las redes sociales, como cualquier plataforma de difusión, pueden ser instrumentos legítimos de expresión, influencia e incluso liderazgo social. El problema no radica en el medio, sino en la superficialidad con la que se confunde notoriedad con idoneidad.
El Congreso no debería ser un escenario ni una plataforma de entretenimiento. Allí se debaten leyes, se definen políticas públicas y se toman decisiones que inciden directamente en la vida de millones de ciudadanos. Pretender que la fama por sí sola sea suficiente credencial para ocupar una banca legislativa es una forma de degradar la función pública y banalizar la responsabilidad institucional.
Tampoco se trata de levantar la bandera de la vieja política como única vía de acceso al Parlamento. Los partidos tradicionales han demostrado que la pertenencia partidaria tampoco garantiza capacidad, ética ni compromiso con el interés general. De hecho, muchos de los peores ejemplos de mediocridad política provienen precisamente de esas estructuras. Pero esto no puede ser motivante para elegir a cualquiera que tiene muchos likes.
Lo que sí resulta impostergable es establecer estándares más exigentes para quienes aspiran a legislar. La representación popular debería requerir algo más que popularidad momentánea y exposición mediática. Formación, solvencia intelectual, trayectoria pública, profesional, y una conducta moral intachable deberían ser requisitos mínimos en cualquier democracia que aspire a tomarse en serio a sí misma.
Cuando esos filtros no existen, o simplemente se ignoran, el resultado es previsible. Por algo se repiten bochornos, discursos vacíos, escándalos éticos y legisladores que ven en el poder una oportunidad de lucro personal antes que un mandato de servicio público.
El Parlamento se ha convertido en una curiosa mezcla de espectáculo y mediocridad, donde conviven figuras que parecen más preocupadas por mantener su visibilidad que por comprender la dimensión de las decisiones que toman. Una suerte de combinación entre “diosa y pantera” institucional, donde el ruido suele ser mucho mayor que las soluciones.
Lo más preocupante es que, en medio de ese escenario, los legisladores verdaderamente útiles para la sociedad terminan siendo minoría. Y paradójicamente, muchos de ellos no provienen ni del tradicionalismo partidario ni del universo de la fama digital, sino de trayectorias discretas, serias y comprometidas con el trabajo público.
La democracia permite que cualquiera aspire a representar a la ciudadanía. Pero una sociedad que no distingue entre notoriedad y capacidad corre el riesgo de transformar su Parlamento en un reflejo de la frivolidad del momento. Por algo se replica periodo tras periodo lo de mucho espectáculo, poca política y casi ninguna solución.
