El conflicto por la estancia Lusipar, uno de los inmuebles más grandes administrados por Senabico en el departamento de San Pedro, escaló nuevamente en el ámbito judicial tras la determinación del Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray. Luego de extensas audiencias, el juez Vicente Coronel ordenó la prisión preventiva de 28 de los 29 campesinos imputados por el violento intento de invasión y los enfrentamientos registrados con la Policía Nacional. Solo uno de los procesados, un adulto mayor identificado como Robustiano Acosta, obtuvo arresto domiciliario debido a su edad y condición de salud.
La decisión judicial se sustenta en la imputación formulada por los fiscales de Santa Rosa del Aguaray, quienes atribuyen a los detenidos los hechos de invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso. Entre los procesados se encuentra también Carlos Pesoa Vera, funcionario del Ministerio de Justicia, quien permanece internado por heridas de balines de goma, pero igualmente quedó sujeto a prisión preventiva.
Los incidentes que derivaron en estas detenciones se produjeron el pasado viernes, cuando un numeroso grupo de campesinos, encabezados por el dirigente prófugo Elvio Benítez, salió en caravana desde la Plaza de la Paz de Santa Rosa con dirección a Lusipar. Pese al despliegue de más de 800 policías, los manifestantes atropellaron el portón de la estancia Toro Vevé, propiedad de Pedro Galli, y avanzaron por caminos internos buscando llegar a Lusipar. En el enfrentamiento inicial, la Policía respondió con balines de goma. En un segundo retén se produjo un choque más violento, en el que dos agentes resultaron baleados.
El suboficial Ángel Daniel Molinas recibió un impacto en el muslo derecho, mientras que el suboficial David Alexander Cano sufrió una herida en el rostro y fue trasladado al Hospital del Trauma. Varios campesinos también resultaron lesionados durante los enfrentamientos, en tanto que las fuerzas policiales lograron detener a 52 personas, de las cuales 23 mujeres fueron liberadas horas después.
Como parte de las evidencias, se incautaron 15 celulares, tres machetes y una escopeta calibre 16 con siete cartuchos, además de 32 vehículos entre camiones, camionetas, autos y motocicletas. Asimismo, distintos móviles policiales terminaron con daños, incluyendo dos camionetas y un ómnibus. La Fiscalía, encabezada por la adjunta Alicia Sapriza, ya había advertido días antes sobre el riesgo de una invasión masiva y había ordenado la detención de dirigentes por apología del delito, lo que elevó la tensión en la zona.
Lusipar, con 11.000 hectáreas incautadas al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, se encuentra bajo administración estatal y arrendada a terceros, situación que los grupos campesinos cuestionan alegando una supuesta falta de destino social para la reforma agraria. Con la decisión judicial, los 28 detenidos serán trasladados a la penitenciaría que determine el Ministerio de Justicia, mientras que otros tres heridos permanecen bajo custodia en la Comisaría 18 hasta recibir el alta médica.
La región sigue bajo estrictas medidas de seguridad y no se descartan nuevas movilizaciones, por lo que las autoridades mantienen un fuerte operativo para evitar que el conflicto derive en nuevos episodios de violencia en el norte del país.
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