Cambian los jefes, se multiplican las promesas, pero la delincuencia parece no haberse enterado de que hubo relevos en la cúpula policial. Los cambios de autoridades, motivados por controversias y reacomodos institucionales, no han logrado traducirse ni siquiera en una percepción de mayor seguridad para una ciudadanía que sigue expuesta a la violencia, los robos y los crímenes. Cambiar nombres en el organigrama no equivale a cambiar la realidad de las calles. Y esto es una realidad indiscutible, por experiencia de hace décadas.
La seguridad pública continúa siendo una de las grandes deudas del Estado paraguayo. El temor a ser asaltado, sufrir un ataque o convertirse en víctima de la delincuencia ya no puede considerarse una preocupación exclusiva de determinadas zonas o estratos sociales. Es un problema que compromete la tranquilidad cotidiana y exige respuestas que vayan mucho más allá de las conferencias de prensa para presentar “nuevos” encargados.
Con cada nueva conducción policial reaparece el libreto de “mano dura, tolerancia cero, más patrullas y una ofensiva implacable contra los delincuentes”. Sin embargo, cuando los anuncios no se traducen en resultados verificables, la ciudadanía termina escuchando la misma promesa con diferente voz. Tampoco puede ignorarse el problema de la corrupción dentro de las propias filas policiales es una cultura instalada. La depuración interna, los controles patrimoniales, las investigaciones disciplinarias y las sanciones efectivas no pueden ser asuntos secundarios.
Quien debe combatir el delito no puede convertirse en su cómplice ni utilizar la placa como salvoconducto para la impunidad. De hecho, la Policía no puede resolver por sí sola un problema que compromete a todo el sistema de seguridad y justicia. La falta de equipamiento, la insuficiencia de recursos especializados y las limitaciones tecnológicas condicionan las tareas preventivas e investigativas. Pero tampoco basta con anunciar inversiones, adquirir vehículos o incorporar herramientas modernas si no existe una estrategia que determine dónde, cómo y para qué deben utilizarse.
El desafío exige una política criminal acorde con los tiempos, basada en información confiable, análisis territorial, inteligencia, investigación científica y prevención. Los homicidios y otros delitos graves requieren evidencias sólidas, procedimientos rigurosos y pericias capaces de sostener las acusaciones ante los tribunales. De lo contrario, las investigaciones se debilitan y la impunidad prospera.
En ese engranaje, el Ministerio Público tiene una responsabilidad igualmente decisiva. No se trata de buscar culpables institucionales para justificar fracasos, sino de exigir que cada organismo cumpla la función que le corresponde. La prevención, la investigación, la acusación y la sanción forman parte de una misma cadena; cuando uno de sus eslabones falla, la sociedad paga las consecuencias. La responsabilidad política, entretanto, no puede diluirse entre subordinados.
La seguridad es una obligación del Estado y el Poder Ejecutivo debe responder por la orientación, los recursos y los resultados de la política pública. No alcanza con cambiar al comandante, al director y los jefes de turno cada vez que aumenta la presión o estalla una controversia. Los relevos solo tienen sentido cuando forman parte de una reforma real, con objetivos medibles, controles independientes y rendición de cuentas. Paraguay necesita un Estado presente, una Policía respaldada y controlada, una Fiscalía eficaz y una política de seguridad que sobreviva a los cambios de nombres y de mandos.
