La ética establece una medida elemental para la conducta humana, ayudando a distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Por eso adquiere una importancia todavía mayor cuando se trata de quienes ejercen funciones públicas. El problema aparece cuando algunos referentes políticos convierten la ética en una herramienta para juzgar a sus adversarios, pero dejan de aplicársela a sí mismos cuando alcanzan el poder.
Quien actúa bajo principios éticos no necesita acomodar sus convicciones según las circunstancias. La ética no debería cambiar con el cargo, el partido, la conveniencia política ni el nombre de quien protagoniza un hecho. Lo correcto sigue siendo correcto, y lo incorrecto sigue siendo incorrecto, independientemente de quién lo haga.
Es cierto que legalidad y ética están estrechamente relacionadas, aunque no siempre son exactamente lo mismo. Una conducta puede encontrar una interpretación dentro de la legalidad y, aun así, generar cuestionamientos éticos. Del mismo modo, existen actuaciones que pueden situarse directamente al margen de ambas. En Paraguay, lamentablemente, esta separación ha servido demasiadas veces para justificar lo injustificable.
Resulta penoso escuchar durante las campañas electorales encendidos discursos sobre moralidad, transparencia y lucha contra la corrupción, para descubrir posteriormente que algunos de sus protagonistas modifican sus parámetros cuando llegan a ocupar cargos públicos. Lo que ayer era inadmisible se convierte, por arte de conveniencia, en algo explicable, tolerable o hasta defendible. Reclamar una conducta para los demás y reservarse excepciones para los propios, es hipocresía.
La ciudadanía termina absorbiendo tanta contradicción que las esperanzas de superar males conocidos quedan en una quimera. Quienes se presentaron como abanderados del cambio terminan demostrando, que el cambio anunciado consistía apenas en cambiar de protagonistas. En Ciudad del Este se tiene este claro ejemplo de lo indebido. Lo particularmente grave es que esta práctica juega con la esperanza de los paraguayos y profundiza el descreimiento.
Se condena la corrupción cuando la protagonizan los adversarios, pero se buscan explicaciones cuando alcanza a los aliados o a quienes cuentan con el padrinazgo adecuado. Así, la moral termina convertida en una especie de embudo político. Si el crédito otorgado a una gestión se construyó sobre la promesa de tiempos mejores, ese crédito no es infinito. La confianza ciudadana también tiene vencimiento.
Y cuando llega el momento de rendir cuentas, la deuda no se paga con discursos, sino con resultados y coherencia. Pero la decepción no debería conducir al ciudadano al cinismo ni a la indiferencia. Debe provocar mayor vigilancia, participación y exigencia. La sociedad tiene derechos, pero también responsabilidades. No basta con lamentarse ante cada escándalo; corresponde exigir explicaciones, controlar a los representantes y recordarles que el poder es una responsabilidad delegada, no una licencia para hacer lo que convenga.
Reivindicar la ética significa recuperar una regla sencilla que la política parece empeñada en olvidar, no existen actos buenos porque los haga un amigo ni actos malos porque los haga un adversario. La coherencia moral no puede ser una expresión electoral de temporada, sino una forma permanente de ejercer la función pública.
