La fiscal Verónica Valdez sostuvo, durante sus alegatos iniciales, que el Ministerio Público demostrará con las pruebas producidas en juicio que el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, habría encabezado entre marzo y julio de 2020 un esquema para el desvío de fondos municipales mediante la compra ficticia de kits de alimentos para familias vulnerables.
Según la Fiscalía, el supuesto esquema estaba integrado por funcionarios municipales a cargo de Prieto y terceras personas, y habría operado mediante una licitación por vía de la excepción para la adquisición de canastas básicas destinadas a personas de escasos recursos afectadas por la pandemia de COVID-19.
Valdez señaló que la licitación habría estado direccionada hacia la empresa Tía Chela SRL, a la que la Municipalidad de Ciudad del Este pagó G. 2.949.650.000 por 25.000 kits alimenticios. Afirmó que no existió una contraprestación equivalente, debido a que la entrega de los kits habría sido parcial.
En consecuencia, sostuvo que la comuna habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160. Valdez agregó que, para llegar a ese resultado, se habrían realizado una serie de actos administrativos por parte de funcionarios que estaban bajo la dirección del entonces intendente Miguel Prieto.
Las afirmaciones fueron realizadas durante la presentación de los alegatos iniciales del Ministerio Público en el juicio oral que enfrenta Prieto por la causa relacionada con la compra de kits alimenticios durante la pandemia.
Entre innumerables puntos irregulares, por ejemplo, la Fiscalía sostiene que la empresa “Tía Chela”, adjudicada para proveer 25.000 kits de alimentos en pandemia en marzo del 2020, se inscribió como proveedor del estado en ese mismo mes, marzo del 2020, y ya fue inmediatamente adjudicada por más de 2.949.650.000.
“Usaron la vía incorrecta, y obviaron elementos objetivos que fueron advertidos por Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República (CGR), entidades que avisaron que el llamado por la vía de la excepción está viciado de inconsistencias administrativas, desde la convocatoria hasta la ejecución del contrato, y por tanto son irregulares”, afirman.
Finalmente agrega que a Tía Chela ni siquiera le exigieron la garantía de cumplimiento de contrato, no le exigieron notas de remisión para la entrega de los bienes adquiridos, y además Tía Chela, la finalmente adjudicada, era de los hijos de la DANIELITO SRL, la otra firma invitada a proveer. Esta última incluso era una fábrica de helados, y eran dos empresas vinculadas entre así, y nunca fueron proveedores del Estado.
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