El empresario Miguel Ángel Fernández, fundador y principal directivo de CorAr International S.A.E.C.A., fue imputado por presunta estafa en una causa abierta en Ciudad del Este y deberá comparecer ante el Ministerio Público para prestar declaración, este viernes a las 09:00 horas, ante la unidad de Carolina Rosa Gadea.
El caso está siendo investigado por la representante del Ministerio Público y tiene su origen en la denuncia de un comprador que adquirió un departamento cuyo plazo de entrega ya venció, mientras la construcción del edificio permanece paralizada.
Fernández, de nacionalidad argentina, encabezó en Paraguay varios proyectos inmobiliarios que fueron comercializados principalmente mediante la modalidad de venta de departamentos “en pozo”. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer reclamos de compradores por atrasos en las obras y unidades que no fueron entregadas dentro de los plazos establecidos.
La imputación en Ciudad del Este se suma a una crisis que afecta a inversionistas de distintos puntos del país y que tomó mayor dimensión después de que CorAr solicitara una convocatoria de acreedores. Para representantes de algunos afectados, este procedimiento genera fuertes sospechas y debe ser analizado con detenimiento, especialmente por las propuestas que comenzaron a recibir compradores que todavía no cuentan con sus departamentos.
OBRAS PARALIZADAS Y RECLAMOS
Según los antecedentes, los proyectos inicialmente avanzaban sin mayores inconvenientes. Con el tiempo, los inversionistas comenzaron a notar una disminución considerable del ritmo de construcción y posteriormente la paralización de algunas obras. Ante los reclamos, aseguran que recibían explicaciones relacionadas con falta de materiales y otros inconvenientes que supuestamente impedían continuar normalmente con los trabajos.
La preocupación aumentó cuando los compradores tomaron conocimiento de que la desarrolladora había decidido solicitar una convocatoria de acreedores. A partir de ese momento, algunos inversionistas comenzaron a recibir propuestas para rescindir sus contratos de compraventa y sustituirlos por pagarés, con el objetivo de presentarse posteriormente a verificar esos créditos dentro del proceso concursal.
Este procedimiento despertó cuestionamientos entre afectados y sus representantes legales, quienes buscan determinar qué consecuencias tendría abandonar el contrato original de adquisición del inmueble.
MENSAJES PARA CAMBIAR CONTRATOS POR PAGARÉS
Según información proporcionada por afectados, personas vinculadas a CorAr estarían contactando a inversionistas y compradores para indicarles que deben acercarse a la desarrolladora, rescindir sus contratos y recibir a cambio pagarés que posteriormente servirían para verificar sus créditos ante el juzgado.
“Personas allegadas a CorAr están manipulando a los inversores y compradores de unidades, enviándoles mensajes y diciéndoles que deben presentarse ante CorAr para cambiar sus contratos de compraventa por un pagaré”, señaló uno de los afectados, quien también analiza presentar una denuncia penal.
AUDIO COINCIDE CON LOS RECLAMOS
El planteamiento coincide con el contenido de un audio enviado a inversionistas y al que tuvo acceso este medio. En la grabación, una persona vinculada a la gestión con los compradores explica que aquellos que ya tienen una unidad entregada pueden optar por conservarla, mientras que quienes todavía no recibieron su inmueble deberían rescindir el contrato.
“Para poder estar dentro del concurso sí o sí tenés que rescindir el contrato y transformarlo (…) en un pagaré y con eso te presentás al concurso”, se escucha en el mensaje. También se menciona que el plazo para verificar los créditos sería de 30 días corridos y que los inversionistas que se encuentran fuera de Paraguay deberán otorgar un poder apostillado a un abogado matriculado en el país.
ABOGADOS PIDEN INVESTIGAR EL PROCEDIMIENTO
Un profesional que asesora a un grupo de inversionistas afectados sostiene que todo el procedimiento debe ser analizado dentro de la investigación. A criterio del abogado, incluso la forma en que se está gestionando la convocatoria de acreedores podría formar parte de una maniobra destinada a reducir o modificar las obligaciones originales de la desarrolladora.
“Lo que hace notar es que inclusive la convocatoria de acreedores está pensada para seguir con el esquema de estafa que la desarrolladora ha planificado”, manifestó. Se trata de una acusación formulada por la representación de los afectados y no de una conclusión judicial. Hasta el momento no existe una resolución que determine que la convocatoria de acreedores forme parte de un esquema delictivo.
RECOMIENDAN ABOGADO Y ESTABLECEN HONORARIOS
Los representantes de algunos compradores también cuestionaron que, junto con las instrucciones para presentarse al concurso, se sugiera un abogado específico y se informe previamente el costo de la representación. Un instructivo remitido a los acreedores señala a un profesional como opción para realizar el trámite, aunque aclara expresamente que cada afectado puede contratar al abogado paraguayo de su preferencia.
La propuesta establece honorarios equivalentes al 6% del monto del crédito verificado, además de un 1% por tasas judiciales y gastos, lo que representa un costo total del 7%. Para los acreedores residentes en el extranjero se exige además un poder con cláusulas especiales, debidamente apostillado, mientras que quienes se encuentren en Paraguay pueden formalizar la representación directamente ante escribano.
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