Todo conflicto que tiene como centro el servicio de salud pública, deja de ser simplemente una disputa entre un sector gremial y el Gobierno, para transformarse en un problema que golpea directamente a la ciudadanía, especialmente a quienes no tienen otra alternativa que recurrir a los hospitales públicos para recibir atención. Por eso, frente a las medidas de presión del sector médico, el Estado tiene el enorme desafío de encontrar respuestas antes de que el conflicto termine convirtiéndose en una crisis insostenible.
No basta con sentarse a negociar indefinidamente mientras los días pasan y miles de pacientes quedan postergados. Tampoco es razonable que las autoridades pretendan administrar una situación de esta naturaleza apelando únicamente al desgaste de quienes reclaman. Gobernar implica anticiparse a los problemas, administrar los conflictos y encontrar soluciones, incluso cuando las posiciones parecen irreconciliables.
Los médicos, por supuesto, tienen derecho a reclamar condiciones dignas de trabajo, remuneraciones adecuadas y el cumplimiento de compromisos. Pero también tienen una responsabilidad ineludible frente a quienes necesitan de sus servicios. La protesta puede ser legítima; el abandono de quienes dependen de la atención pública, en cambio, jamás puede convertirse en una consecuencia aceptable. Del otro lado está el Gobierno, que tiene una responsabilidad todavía mayor. El Ministerio de Salud no puede limitarse a contabilizar consultas suspendidas, justificar dificultades presupuestarias o esperar que el conflicto desaparezca. Si una crisis de esta naturaleza se acrecienta durante días y la autoridad sanitaria no consigue siquiera encaminar una solución razonable, entonces es inútil.
Se necesita inteligencia, voluntad y, sobre todo, sentido de responsabilidad de todas las partes. Pero es el Estado quien debe asumir el liderazgo de la búsqueda de soluciones. No puede permanecer como espectador de una confrontación cuyo costo termina siendo pagado por el ciudadano. Mientras médicos y autoridades intercambian posiciones, el paciente espera. Espera una consulta, un estudio, una cirugía, un tratamiento o simplemente una respuesta que muchas veces resulta determinante para su vida.
Y el tiempo, en materia de salud, no es un detalle administrativo.
Cada día de conflicto representa una nueva acumulación de pacientes, tratamientos demorados y familias sometidas a incertidumbre. Es decir, sufrimiento innecesario. El problema que hoy puede resolverse mediante diálogo, voluntad y racionalidad, mañana puede convertirse en una emergencia mucho más difícil de administrar.
Tanto médicos como Gobierno tienen que entender que la ciudadanía es la parte más perjudicada. Los médicos deben responder ante el pueblo que necesita atención. El Gobierno debe responder ante el pueblo que le confió la administración de la salud pública. Ninguno puede olvidar que detrás de cada número, de cada reclamo y de cada estadística, hay una persona esperando ser atendida. Cuando se trata de salud, hacer esperar demasiado es una forma de condenar. Y ello también amerita sanciones.
