El juicio oral y público contra el destituido ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otros diez acusados por el caso “Tía Chela” cerró su primera jornada con una batalla esencialmente procesal. El juicio se inició ayer lunes ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
La causa investiga la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia de COVID-19 y un supuesto perjuicio patrimonial que la Fiscalía estima en más de G. 2.974 millones. El primer día no estuvo marcado por la producción de testimonios ni por la exposición de las pruebas principales, sino quedó concentrado en los incidentes planteados por las partes.
El Ministerio Público pide incorporar nuevos elementos vinculados con una nota presentada por la empresa Tía Chela durante el proceso de contratación. Los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y sus coadyuvantes solicitaron al Tribunal incorporar documentación e informes de distintas instituciones públicas relacionados con una nota mediante la cual Tía Chela comunicó a la Municipalidad de Ciudad del Este el cambio de las marcas de algunos productos que debían integrar los kits de alimentos.
El Ministerio Público también pidió informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Uno de los pedidos que generó mayor resistencia fue la incorporación como testigo del titular de la DNCP, Agustín Encina, para que declare sobre las circunstancias relacionadas con el cambio de marcas y las actuaciones administrativas posteriores.
Según la Fiscalía, la documentación presentada durante la audiencia preliminar recién llegó a su conocimiento en esa etapa y no habría sido puesta a disposición durante la investigación. La Fiscalía sostiene que la actuación de la DNCP resulta relevante porque el organismo había realizado un sumario relacionado con la contratación y detectado inconsistencias en el procedimiento utilizado para la adquisición de los alimentos.
En el caso de Prieto, su equipo pidió incluso la incorporación de 56 testigos adicionales, que se sumarían a los casi 100 testigos que ya fueron admitidos para el juicio. La primera jornada deja así planteado el escenario de lo que podría convertirse en una prolongada discusión sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas.
La audiencia continuará el lunes 7 de septiembre, a partir de las 08:30, jornada en la que está previsto que prosiga el tratamiento de los incidentes y que la Fiscalía responda a los cuestionamientos formulados por las defensas. Por ahora, más que un juicio sobre los kits de alimentos, el caso “Tía Chela” comenzó como una batalla procesal por determinar qué pruebas podrán llegar al juicio y bajo qué condiciones.
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