La fiscalía solicitó formalmente la suspensión condicional del procedimiento para Cinthia Noelia Alen Guerrero, quien se convirtió en la séptima persona procesada en admitir los hechos investigados en la causa que involucra al exintendente Miguel Prieto Vallejos.
En el Requerimiento Fiscal N.º 66, los agentes Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle requirieron la abreviación de los plazos procesales tras la audiencia indagatoria en la que la imputada prestó su total conformidad para acceder a una salida alternativa. Con este paso, Alen Guerrero reconoció su participación en el esquema que ocasionó un perjuicio económico a las arcas municipales a través del Consejo Local de Salud.
Según la tesis del Ministerio Público, la imputada figuraba como representante legal de M&M Construcciones. Sin embargo, los informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelaron que no registraba compras de materiales de construcción y que su actividad real era la contabilidad, operando como una firma de fachada.
A través de un contrato adjudicado el 1 de diciembre de 2020 para obras en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este, un peritaje técnico del Laboratorio Forense determinó una sobrefacturación/incongruencia de Gs. 505.154.095 entre lo pagado por el Municipio y lo realmente construido. El perjuicio total consolidado en la causa asciende a Gs. 757.166.276.
La Fiscalía imputó a Alen Guerrero bajo la figura de cómplice de lesión de confianza (Art. 192 inc. 1º en concordancia con el Art. 31 del Código Penal), al no poseer la condición de garante directa ni ordenadora de gastos del patrimonio municipal.
Para suspender la persecución penal por un periodo de prueba de un año, la procesada ofreció las siguientes medidas reparatorias que deberán ser ratificadas por el Juzgado Penal de Garantías: Reparación del daño social: Pago en efectivo de Gs. 50.000.000 destinado a una entidad de beneficencia o cuenta judicial.
Además, prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin previa autorización judicial, la comparecencia trimestral a firmar el libro de comparecencia ante el Juzgado de Ejecución. Con la colaboración prestada por la imputada y la delimitación de su responsabilidad como cómplice, el Ministerio Público remarcó que la expectativa de pena no superará los dos años de prisión, respaldando así la aplicación de una salida alternativa.
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