Existen hechos que no necesitan demasiadas explicaciones, salvo cuando hay propósito de confundir. Y cuando la confusión persiste pese a la evidencia, ya no puede hablarse de ignorancia, sino de conveniencia. El debate sobre la devolución del llamado Cañón Cristiano, pieza bélica paraguaya cargada de una significancia histórica extraordinaria, no debería ser reducido a una discusión patrimonial ni a un expediente jurídico sobre la propiedad de un objeto obtenido mediante la violencia atroz. Es, fundamentalmente, una cuestión moral.
El cañón representa una parte de aquella tragedia nacional que fue la Guerra contra la Triple Alianza. Habla de una nación devastada, de una población diezmada y de una resistencia llevada hasta límites que todavía hoy forman parte de la memoria colectiva paraguaya. Convertir ese genocidio en una disputa técnica sobre patrimonio equivale a despojar al objeto de aquello que realmente representa.
Por eso, su eventual devolución no debería presentarse como un regalo del Gobierno brasileño. Brasil no estaría obsequiando al Paraguay aquello que le pertenece. Estaría devolviendo un trofeo de guerra obtenido en circunstancias históricas que no pueden ser maquilladas con el lenguaje diplomático. Devolver lo robado no constituye un acto de generosidad, es, sencillamente, devolver lo que no correspondía conservar.
Todo lo que fue ultrajado durante aquella guerra es imposible de reparar. No existe restitución capaz de devolver las vidas perdidas, las familias destruidas, las ciudades arrasadas, el patrimonio saqueado o las generaciones condenadas a soportar las consecuencias de una catástrofe de semejante magnitud. La historia no tiene máquina del tiempo, pro sí tiene memoria, y la memoria también se construye mediante gestos.
Brasil, como integrante de la Triple Alianza, tiene todavía una deuda histórica particularmente sensible pues los picaneados por el nefasto portaestandarte de la ignominia del degenerado Conde D´eu, fueron los protagonistas principales de los crímenes de guerra más abominables de la humanidad. Mientras el tiempo ha modificado gobiernos, fronteras y discursos, permanece la ausencia de un reconocimiento suficiente de las atrocidades cometidas contra el Paraguay.
Nadie pretende que un objeto devuelto borre semejante tragedia. Sería absurdo. Pero hay acciones que poseen un valor simbólico que trasciende aquello que físicamente restituyen. Reconocer que algo fue arrebatado y decidir devolverlo significa admitir que existió una injusticia. Y admitir una injusticia constituye, al menos, una forma de respeto hacia quienes la padecieron.
Por eso resulta particularmente pobre intentar esconder esta discusión detrás de tecnicismos patrimoniales. Hay momentos en que el derecho debe dialogar con la moral, y la diplomacia con la memoria. Devolver lo robado ni siquiera debería ser considerado un gesto de grandeza. La grandeza exigiría reconocer plenamente la atrocidad, asumir responsabilidades históricas y pedir perdón.
Y si ni eso se puede hacer por una cuestión de ego, al menos debería existir vergüenza como motivación. Los pueblos pueden reconciliarse con el pasado sin renunciar a la verdad. Lo que no pueden hacer, si pretenden honrar a sus muertos, es aceptar que el saqueo se convierta con los años en patrimonio y que el trofeo del vencedor termine siendo presentado como una pertenencia legítima.
