La vieja costumbre de la política paraguaya de utilizar el dinero público para construir la imagen electoral de quienes ocupan circunstancialmente un cargo y pretenden seguir ocupándolo, debería empezar a resultar ofensiva para cualquier ciudadano mínimamente consciente.
En los municipios, la práctica adquiere una particular perversidad cuando se pretende presentar como obra personal del candidato aquello que, en realidad, fue pagado íntegramente por los contribuyentes.
El primer error está en considerar normal que un postulante a la intendencia aparezca en habilitaciones de obras, inauguraciones y actos oficiales de la Municipalidad, como si su presencia fuera parte natural de la gestión pública. No lo es. Y mucho menos cuando esa exposición termina funcionando como propaganda electoral explícita.
En Ciudad del Este esta costumbre no es nueva. Desde hace décadas se intenta instalar la idea de que el candidato oficialista es una especie de benefactor que llega a los barrios para “bendecir” a los vecinos con alguna obra. Un asfalto de baja calidad, un empedrado, un tanque elevado, una reparación o cualquier pequeña infraestructura es presentada como demostración de generosidad política.
Pero la verdad de todo esto es que el ciudadano ya pagó por esa obra y seguirá pagando por ella.
El asfalto no salió del bolsillo del intendente. El empedrado tampoco. El tanque elevado no fue financiado por la bondad personal de ningún candidato. Todo eso se paga con los recursos que provienen de los impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos municipales. Es decir, con dinero de la gente. Y no solamente con el dinero de quienes hoy pagan, sino también con los recursos que las próximas generaciones deberán aportar para sostener el funcionamiento de la ciudad. El ciudadano paga hasta su muerte, y el siguiente lo mismo, y así el círculo del pago es indefinido, casi del tamaño de la manipulación de mediocres.
Por eso, presentar una obra pública como regalo electoral es una verdadera tomadura de pelo.
Pero lo más preocupante, es que todavía haya ciudadanos dispuestos a agradecer como favor personal lo que constituye una obligación elemental de cualquier administración. Peor aún es considerar “bueno” a un político porque utiliza una pequeña parte del dinero ajeno para resolver alguna necesidad puntual del barrio.
No hay mérito extraordinario en gastar dinero público en aquello para lo cual fue recaudado. El mérito estaría en administrarlo correctamente, hacerlo rendir, transparentar cada guaraní y atender las necesidades de la ciudad con planificación, calidad y honestidad.
Mientras se monta el espectáculo político alrededor de pequeñas obras, nadie parece preguntarse cuánto costaron, qué calidad tienen, cuánto durarán y quién las controla. Si el asfalto es de baja calidad, si el empedrado comienza a deteriorarse poco después de inaugurado o si una infraestructura termina necesitando nuevas inversiones antes de tiempo, el ciudadano vuelve a pagar.
Así funciona el negocio de la mediocridad. Primero se utiliza el dinero público para producir una fotografía política; después se presenta esa fotografía como gestión; finalmente, cuando la obra fracasa o envejece prematuramente, se vuelve a recurrir al mismo bolsillo ciudadano para repararla.
Y todavía hay quienes aplauden. Aplaudir que un político utilice una mínima porción del dinero de todos para resolver una necesidad que el Estado tiene la obligación de atender es torpeza.
