Una pareja fue acusada por la Fiscalía por supuestamente apropiarse de G. 170 millones que una familiar residente en Suiza enviaba para la compra de un terreno y la construcción de una vivienda en Ciudad del Este. La investigación sostiene que los procesados incluso remitían fotografías de una supuesta obra para hacer creer a la mujer que su proyecto estaba avanzando.
La acusación fue presentada por la fiscal Vivian Andrea Coronel contra los procesados, de 33 y 38 años, por el supuesto hecho punible de apropiación. Los envíos de dinero se habrían realizado entre febrero de 2023 y junio de 2025 mediante una empresa internacional de remesas, con el Banco Familiar como agente pagador.
Según los antecedentes, la mujer enviaba periódicamente dinero desde Suiza con instrucciones específicas de adquirir un inmueble y levantar una casa a su nombre. La mayoría de los giros era retirada por la acusada y, debido a los límites establecidos para las remesas, algunas operaciones se efectuaban a nombre de terceras personas que posteriormente entregaban el dinero al otro procesado.
Durante ese periodo, la pareja presuntamente aseguraba que el terreno ya había sido comprado y que la construcción estaba en ejecución. Como parte del supuesto engaño, enviaban fotografías que aparentemente correspondían a la vivienda en construcción.
Un informe bancario incorporado a la investigación señala que los procesados recibieron en total unos G. 541 millones. La víctima aclaró que gran parte de ese monto correspondía a ayuda familiar entregada voluntariamente, mientras que G. 170 millones tenían como destino exclusivo la adquisición del terreno y la construcción.
La situación habría quedado al descubierto recién en mayo de 2025, cuando la mujer solicitó que el inmueble fuera transferido formalmente a su nombre. En ese momento descubrió que aparentemente nunca se había adquirido el terreno ni construido la vivienda prometida.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían utilizado el dinero para beneficio propio y tampoco lo devolvieron luego de ser requeridos. Como evidencias fueron presentados comprobantes de transferencias, informes bancarios, conversaciones de WhatsApp, documentos notariales, testimonios y otros elementos. La fiscal Coronel solicitó que ambos enfrenten juicio oral y público.
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