Asaltos a plena luz del día, homicidios, robos violentos y organizaciones criminales que operan con una tranquilidad alarmante predomina en la sociedad, donde el miedo se instaló como una rutina. Es comprensible que la ciudadanía reclame con fuerza que alguien haga algo. De hecho, debe hacerlo. El Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar seguridad, perseguir el delito y administrar una justicia eficaz. Pero creer que allí termina toda la discusión es, además de cómodo, profundamente equivocado.
Cada delincuente fue antes un niño. Ninguno apareció armado y dispuesto a delinquir por generación espontánea. Y poco tiene que ver con lo que sostenía Lombroso. Detrás de cada criminal existe una historia, un entorno y una formación que, en mayor o menor medida, contribuyeron a moldear su conducta. Ello no significa que toda familia sea responsable de los delitos de uno de sus integrantes, ni que las circunstancias personales determinen inevitablemente el camino hacia el crimen. Significa, simplemente, reconocer la verdad que suele incomodar.
El primer espacio donde se aprende el respeto, los límites, la honestidad y la convivencia es el hogar. Cuando esos pilares fallan, la sociedad entera termina pagando las consecuencias. Quizás por resultar políticamente incorrecto, pocas veces se habla de la responsabilidad de madres, padres o adultos encargados de la crianza. Es mucho más sencillo exigir más patrulleras, más cámaras, más fiscales y más cárceles. Todo ello es necesario, pero actúa cuando el problema ya se encuentra instalado.
La verdadera prevención comienza mucho antes, cuando un hijo aprende que apropiarse de lo ajeno no constituye una muestra de inteligencia, cuando entiende que el esfuerzo vale más que el dinero fácil y que la violencia nunca representa un camino legítimo. Es una tarea silenciosa, cotidiana y sin cámaras de televisión, pero infinitamente más efectiva que cualquier operativo policial. Naturalmente, también corresponde al Estado fortalecer el sistema educativo, ofrecer oportunidades reales, combatir la corrupción que tantas veces protege a estructuras criminales y dotar de recursos a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ninguna política pública podrá reemplazar la responsabilidad familiar.
Pretender que el Gobierno eduque aquello que el hogar abandonó equivale a construir una casa comenzando por el techo. La autoridad puede sancionar; la familia es la primera llamada a formar. Cuando se escucha decir que “alguien debe hacer algo”, conviene ampliar el espejo antes de señalar únicamente hacia los despachos oficiales. Ese “alguien” también está sentado a la mesa de miles de hogares, compartiendo el almuerzo o la cena con niños y adolescentes que mañana serán ciudadanos. Allí se siembran los valores o las excusas; el respeto o la indiferencia; la responsabilidad o la impunidad cotidiana.
La lucha contra la inseguridad necesita policías preparados, fiscales firmes y jueces incorruptibles, pero también madres, padres y familias que asuman el papel que nadie puede desempeñar en su lugar. La seguridad de una nación no comienza cuando se enciende la sirena de una patrullera. Comienza cuando en el hogar se enseña que la libertad jamás puede construirse sobre el daño causado a los demás, y que la honorabilidad es un rasgo que no se diluye por la pobreza material o por la injusticia social.
