El departamento del Alto Paraná continúa entre las regiones con mayores índices de criminalidad del país, pese a los constantes cambios de autoridades policiales y a los discursos que anuncian mejoras en materia de seguridad.
No se trata de una simple sensación ciudadana. La inseguridad es una realidad cotidiana, alimentada por una marginalidad creciente que, para mayor gravedad, en algunos casos encuentra complicidad dentro de la propia estructura encargada de combatirla.
Los cambios de jefatura policial, que se suceden con llamativa frecuencia, no han generado resultados visibles. La delincuencia continúa operando con preocupante facilidad, mientras comunidades enteras sienten que viven sin la protección efectiva del Estado.
El anuncio de autoridades que prometen seguir la línea del “buen trabajo anterior” genera dudas razonables. Si la realidad muestra que la inseguridad permanece, continuar con la misma fórmula podría significar simplemente prolongar los mismos errores.
Cambiar nombres no es cambiar una política de seguridad. Un jefe policial puede ser importante para conducir una institución, pero necesita mucho más que voluntad personal: requiere un equipo organizado, inteligencia, planificación y una hoja de ruta clara para recuperar el control territorial.
Dentro de esa estrategia debe estar como prioridad el saneamiento interno. La corrupción policial y la participación de uniformados en hechos delictivos representan una de las mayores amenazas, porque destruyen la confianza ciudadana y debilitan la lucha contra el crimen.
El Alto Paraná no es una región común. Su condición de frontera, su movimiento económico y sus características sociales exigen una estructura policial acorde a esa realidad. No basta con operativos aislados ni cambios administrativos; se necesita una política permanente y seria.
La delincuencia que más afecta hoy a la población no siempre es la de grandes organizaciones criminales, sino aquella marginalidad cotidiana que actúa con violencia extrema por objetivos mínimos y que genera temor permanente en los barrios.
Mientras no existan planes concretos desde la conducción nacional de la Policía para enfrentar las causas profundas de la inseguridad, los cambios seguirán siendo solamente movimientos circunstanciales.
La institución policial debe recuperar autoridad y credibilidad. Para eso necesita respaldo político, pero también firmeza contra quienes desde sus propias filas traicionan la misión de proteger.
Mientras los jefes sigan pasando y la inseguridad permanezca, quedará demostrado que el problema no está solamente en quién ocupa el cargo, sino en la falta de una verdadera decisión para transformar la realidad. Y si no hay decisión real, es por los del poder o son inútiles, o cómplices.
