Un esquema de irregularidades aduaneras que comenzó con guías de importación sin declarar ha escalado a instancias penales. Juan Carlos Plate Ferreira, en representación de la Empresa Remesa Compañía Panamericana de Servicios S.A. (RUC N° 800145364), enfrenta actualmente un proceso judicial por contrabando y estafa tras haber operado presuntamente al margen de las normativas tributarias y aduaneras del país.
En el marco de una de las causas, que ya lleva más de 5 años, Plate representación de su empresa, el 3 de octubre del 2025 había logrado que en mayoría el Tribunal de Cuentas primera sala y a pesar de la oposición de la DNIT, le otorgue una medida cautelar contra la resolución que había suspendido su registro aduanero.
Como garantía Plate-Coopassa ofreció depositar en la cuenta del Juicio 500 millones de guaraníes, pero a meses de haber sido beneficiado con la medida cautelar no ha presentado la garantía.
No es menos cierto que esta acción, tramitada ante el Tribunal de Cuentas, impide que la DNIT pueda llevar a cabo sus prerrogativas legales de imponer sanciones a aquellas firmas y particulares que ha violentado la norma, con lo que se genera una especie de vació de impunidad como de descontrol como informalidad
EL ORIGEN: MERCADERÍAS “FANTASMA”
Y UNA MULTA RÉCORD
El caso tiene sus raíces documentales en noviembre de 2020, cuando la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de la Resolución N° 50 dictada en Luque, detectó un volumen considerable de Guías Aéreas pendientes de cancelación. Estas guías, transmitidas por el Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa (TERE), sobrepasaron los plazos legales para su regularización.
El valor de las mercaderías en situación irregular ascendía a la suma de US$ 1.844.030. Ante esta situación, la autoridad aduanera resolvió calificar el hecho como «Infracción Aduanera de Contrabando». La empresa intentó revertir la sanción mediante un recurso de apelación, argumentando falencias en el proceso.
Sin embargo, en abril de 2021, la DNA emitió la Resolución N° 346, mediante la cual decidió no hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar la sanción original. Como resultado, se estableció una multa líquida equivalente al doble del valor de las mercaderías no declaradas, totalizando la suma de US$ 3.688.060.
LA DERIVACIÓN PENAL:
IMPUTACIÓN EN 2026
La controversia administrativa dio un giro hacia lo penal años después. Según documentos del Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Luque, a cargo de la jueza María Cecilia Ocampos Benedetti, se abrió la causa judicial contra Juan Carlos Plate Ferreira por contrabando.
En febrero de 2026, la agente fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilán formuló una imputación formal (Acta N° 11) que amplía las acusaciones. La Fiscalía sostiene la hipótesis de que, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025, Plate Ferreira habría continuado introduciendo mercaderías al país de forma totalmente irregular, sin el correspondiente cierre de ingreso a depósito.
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