Una de los mayores descaros de la política decepcionante es cuando quienes llegaron prometiendo representar un cambio terminan reproduciendo, y hasta superando, las mismas prácticas que denunciaban desde la oposición. La historia confirma que no basta con cambiar nombres, colores o discursos; cuando las conductas siguen siendo las mismas, la renovación se convierte simplemente en una estrategia de marketing para engañar.
En Ciudad del Este, quienes durante años construyeron su discurso sobre la supuesta superioridad moral frente a administraciones anteriores, hoy muestran que la crítica era más una herramienta electoral que una verdadera convicción. Los cuestionamientos que antes realizaban contra los administradores de turno, hoy se convirtieron en prácticas normalizadas por quienes prometieron hacer algo diferente.
La gestión municipal encabezada por el entorno de Miguel Prieto, con Daniel Pereira Mujica como una de sus principales figuras visibles, evidencia una contradicción difícil de ignorar. Quienes llegaron con la bandera de la transparencia terminan siendo señalados por la falta de claridad en el manejo de recursos públicos, por el uso político de la estructura municipal y por una forma de administrar que recuerda precisamente aquello que decían combatir.
La utilización de obras financiadas con el dinero del contribuyente como escenario de promoción personal no es una novedad en la política paraguaya, pero resulta particularmente cuestionable cuando proviene de quienes hicieron de la crítica a esas prácticas su principal argumento de campaña. Una obra pública no es un favor de un administrador de turno; es la obligación de una institución que funciona con los recursos aportados por la ciudadanía.
El problema no es solamente la obra que se anuncia o la fotografía de la inauguración replicada en redes sociales. El verdadero debate está en la transparencia, en la eficiencia del gasto, en las prioridades y en la ausencia de un modelo diferente de gestión.
Una municipalidad no debería depender de la imagen de un dirigente presentándose como benefactor, sino de una administración seria que cumpla con sus obligaciones básicas sin convertir lo público en plataforma política.
El clientelismo, la falta de rendición clara de cuentas y la utilización de recursos institucionales para fortalecer proyectos personales son prácticas que dañan profundamente a la gestión en favor del ciudadano. Con el tiempo, aquello que antes era satanizado como una vergüenza termina siendo puesto en vigencia para el mismo fin de lucrar.
La verdadera diferencia entre una administración y otra no está en quién acusa con mayor fuerza al adversario, sino en quién demuestra con hechos que el dinero de la gente es tratado con respeto. Y eso hoy sigue sin ocurrir.
Cuando los que llegaron prometiendo limpiar la política terminan repitiendo sus peores vicios, solo demuestran cuan miserable e hipócrita se puede ser.
El problema nunca fueron solamente los nombres, sino una cultura de poder de inescrupulosos que sigue utilizando la institución pública como herramienta de beneficio político. No es asunto de partido político, sino de inmoralidad de las personas.
