Cada vez que el crimen organizado ejecuta golpes de gran magnitud en territorio paraguayo, queda expuesta la realidad que el Estado no logra hacer valer la ley ni garantizar el orden. Lo ocurrido en Santa Rita no fue únicamente un asalto; fue una demostración pública de vulnerabilidad institucional. Conste que no ha sido ni la primera, ni la segunda vez de hechos similares.
Una banda de delincuentes tomó el centro de la ciudad, atacó entidades financieras y se desplazó con una tranquilidad que avergüenza. La Policía Nacional, una vez más, se vio ampliamente sobrepasada en pertrechos, logística y, dolorosamente, también en coraje operativo.
La escena recordó que mientras los criminales se modernizan, se coordinan y actúan con precisión militar, el aparato estatal continúa reaccionando tarde, mal y casi siempre solo con discursos repetidos.
Resulta todavía más bochornoso cuando semanas antes ya existían advertencias sobre posibles golpes tipo comando. Se habló de inteligencia, de vigilancia reforzada e incluso de presencia militar en las calles. Sin embargo, cuando llegó la hora de demostrar capacidad preventiva, el Estado volvió a desaparecer. Y esa contradicción es lo que genera más dudas que certezas.
No se puede normalizar que grupos criminales conviertan ciudades enteras en territorio liberado durante largos minutos sin oposición real. Tampoco puede seguir aceptándose con resignación el clásico “así no más luego es”, como si la inseguridad fuese parte inevitable del paisaje nacional. La protección de la ciudadanía no es un favor político; es la obligación más elemental de cualquier Gobierno, motivo de su existencia.
Paraguay arrastra hace años deuda en materia de seguridad pública. Una deuda alimentada por improvisación, debilidad institucional y corrupción enquistada. Cuando existen datos previos, antecedentes similares y señales claras de amenaza, pero aun así las respuestas son insuficientes, la sospecha deja de apuntar únicamente a la incompetencia.
La vulnerabilidad del Estado paraguayo frente al crimen no parece explicarse solo por desidia. En demasiadas ocasiones, la permisividad, las filtraciones y la inacción terminan pareciendo una conveniente complicidad.
Desde el momento en que la ciudadanía comienza a percibir que quienes deben combatir al crimen conviven cómodamente con él, el problema pasa a ser una cuestión de emergencia.
Un Gobierno fuerte se mide por su capacidad de impedir que delincuentes armados humillen al Estado frente a toda una población. Y hoy, lamentablemente, la sensación predominante es que el crimen organizado sigue varios pasos adelante de quienes deberían enfrentarlo. Si este hecho no genera cambios reales, no solo en mandos policiales, entonces las autoridades nacionales son las que deben ser cambiadas por inútiles.
