Cada elección viene acompañado de discursos sobre cambio, progreso y bienestar colectivo. Sin embargo, la realidad termina golpeando con dureza cuando muchos de quienes alcanzan cargos públicos carecen de capacidad, preparación e incluso mínimos principios morales para administrar algo tan delicado como una institución del Estado. Y allí aparece la verdad incómoda de que la decadencia política no es solamente culpa de quienes gobiernan mal, sino también de quienes insisten en elegirlos.
Una Municipalidad no es un club de amigos ni un premio de popularidad. Una Intendencia administra millones provenientes del sacrificio ciudadano. Maneja obras, servicios básicos, infraestructura, planificación urbana, licitaciones y decisiones que afectan directamente la vida de miles de personas. Por eso resulta un contrasentido normalizar que cualquier improvisado, inescrupuloso o mentecato pretenda convertirse en intendente únicamente porque tiene dinero, estructura partidaria o capacidad para gritar más fuerte que otros.
La administración pública exige preparación, equilibrio y conducta honorable. Pero en demasiadas ocasiones, el electorado termina premiando exactamente lo contrario. Por algo hay candidatos vacíos, anodinos, incapaces de articular ideas serias y muchas veces rodeados de antecedentes morales que deberían avergonzar a cualquier sociedad medianamente consciente. Luego llegan las quejas sobre ciudades destruidas, instituciones saqueadas, servicios deficientes, corrupción y abandono. Pero cuesta asumir que gran parte de esas tragedias nacen en las urnas, cuando el fanatismo, el clientelismo y la conveniencia momentánea pesan más que la capacidad y la honestidad.
El problema se vuelve todavía más grave cuando la ciudadanía pierde la exigencia ética. Se normaliza que procesados, operadores turbios y personajes conocidos por prácticas indignas sean vistos como “opciones válidas”. Y una sociedad que deja de escandalizarse ante la mediocridad termina convirtiéndose en cómplice silenciosa de su propia ruina. En los países que lograron desarrollarse, la política dejó de ser territorio exclusivo de oportunistas porque la ciudadanía entendió que administrar recursos públicos no puede quedar en manos de cualquiera. Allí, el voto no se utiliza como acto de fanatismo ciego, sino como una herramienta de responsabilidad colectiva.
Elegir autoridades debería ser un ejercicio de conciencia y no una competencia de eslóganes, regalos o estructuras clientelares. Cuando un pueblo entrega poder a personas incapaces o inmorales, en realidad está renunciando voluntariamente a su posibilidad de progreso. Muchas veces la ciudadanía termina teniendo exactamente la autoridad que merece. No porque esté condenada al fracaso, sino porque insistió en premiar a quienes jamás debieron administrar ni siquiera una comisión vecinal, mucho menos instituciones sostenidas con el dinero y la esperanza de toda una comunidad.
