El juez Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral la causa por lesión de confianza que involucra al destituido exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y a otros diez acusados, tras la audiencia preliminar realizada ayer martes. El fiscal Silvio Corbeta sostiene que existe suficiente caudal probatorio y afirma que Prieto fraguó la compra de alimentos durante la pandemia bajo el carácter de “urgencia impostergable”, ocasionando un perjuicio de más de G. 2.130 millones a la Municipalidad.
En tanto que la defensa del exjefe comunal habla de graves inconsistencias que buscan cubrir las propias falencias de la acusación fiscal. El fiscal Silvio Corbeta fundamentó su pedido de juicio a partir de aspectos que hacen al procedimiento para la adquisición por vía de la excepción y que en el particular los recursos del municipio debían ser dirigidos a la compra de insumos médicos y materiales hospitalarios, teniendo en cuenta la situación de pandemia.
“No se podría determinar bajo este análisis si efectivamente estas causales para iniciar un proceso de contratación de compra de kits a ser distribuidos a familias de casos recursos revestían efectivamente la característica de urgencia impostergable, considerando la significatividad del monto económico, en este caso, era aproximadamente 2.949 millones eh conforme a lo establecido en el artículo 16 de la ley 2051 una de contrataciones.
Según el fiscal, para la compra de los kits era aplicable el procedimiento de la licitación pública y no un procedimiento por vía de la excepción como. Continuó alegando que el perjuicio económico detectado a la institución de G 2.130.036.160, ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este por parte del intendente.
Lo hizo a través de los pagos dispuestos el 7 de abril y el 9 de julio del 2020 en un proceso realizado de forma indebida por la vía de la excepción, y no había sido posible sin la participación y colaboración de los funcionarios a su cargo designados en cargo de confianza por el propio Prieto. “En ese sentido, solicito al juzgado la admisión de todas las pruebas eh periciales ofrecidas oportunamente, las pruebas documentales, así como las instrumentales y los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público en el estado requerimiento fiscal”, afirmó el fiscal.
Recordó que hasta había solicitado la inclusión y la admisión total de esos elementos de prueba, y la correspondiente elevación a juicio oral y público de la presente causa con relación a los 11 ciudadanos citados y acusados por el Ministerio Público, porque se considera que esta esta investigación proporciona un fundamento serio para el enjuiciamiento público de los acusados.
INCONSISTENCIAS SEGÚN DEFENSA
El abogado Derlys Martínez, en representación de Miguel Prieto solicitó la nulidad de la acusación a partir de “notables inconsistencias que el Ministerio Público intenta tapar con una grave e intolerable indeterminación de los hechos en cuanto a las circunstancias centrales”, al tiempo de cuestionar el poco rigor jurídico y la nula objetividad en su conducción, según enfatizó.
ANTECEDENTES
Además de Miguel Prieto, están acusados y con pedido de juicio Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social y hoy concejal; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario, y Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes.
La lista sigue con Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas.
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. “Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, señala la acusación.
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