La indigencia en Ciudad del Este ya no es una postal ocasional ni una excepción trágica, pasando a ser una realidad persistente y, lo que es peor, normalizada. En las veredas del microcentro, en plazas públicas y en cualquier predio público poco custodiado, crece una población invisible para muchos, pero presente para todos. La presencia constante de personas en situación de calle es, ante todo, un síntoma de una falla sistémica que no solo inquieta a quienes la sufren directamente, sino que deteriora la calidad de vida de toda la comunidad.
No se trata solo de una cuestión humanitaria, que ya sería suficiente razón para actuar, sino también de un problema social, sanitario, económico y de seguridad. La menesterosidad genera focos de marginalidad, agrava problemas de salud pública, desalienta el turismo y el comercio, y contribuye a una sensación general de abandono urbano. Esta situación sirve además como escudo o zona gris donde se mimetizan la delincuencia, la prostitución y la drogadicción. Una amalgama de males en las narices de todos.
La falta de controles y de políticas integrales convierte ciertos sectores de la ciudad en espacios sin ley, donde la vulnerabilidad humana es aprovechada por redes criminales o alimenta ciclos de degradación difíciles de revertir en corto tiempo. Pero esta situación no persiste por fatalidad, por espontaneidad. Persiste por desidia. Las autoridades, en sus distintos niveles, han optado históricamente por la omisión, por “no ver”. Las intervenciones, cuando las hay, son superficiales o esporádicas.
Falta voluntad política, pero también un enfoque serio que combine políticas sociales, acceso a salud mental, oportunidades laborales y programas de reinserción. Sin acción real y de fondo, todo seguirá igual o peor. El desafío es complejo, pero repetir la indiferencia solo hará exponencial el drama. La capital departamental no puede seguir acostumbrándose a convivir con la miseria extrema como si fuera parte del paisaje urbano o mal ajeno. Una ciudad que aspira al desarrollo no puede mirar para otro lado ante la degradación humana. Debe ocuparse de ello, hacer algo más allá que intentar esconder realidades debajo de la alfombra.
Es momento de exigir respuestas reales, y no más excusas. La sociedad en general, no está eximida de la obligación, y tiene que hacer su parte, tanto solidaria como aquella derivada de sus representantes desde estamentos de influencia, de poder. La sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las iglesias, las asociaciones profesionales y los sectores empresariales, deben sumarse activamente a la búsqueda de soluciones. No para sustituir al Estado, cuya responsabilidad es indelegable, sino para impulsar el debate, articular propuestas y hacer sentir una presión social legítima que fuerce a quienes gobiernan a asumir su deber. Ser espectadores pasivos del abandono humano, no es ni será la respuesta debida.
