El fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal Nº9, de Ciudad del Este, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por permitir que un vehículo incautado en el marco de un asesinato, es decir, una evidencia, fuera utilizado por su asistente, fiscal Héctor Ramón Villalba, quien, en aparente estado etílico, habría abandonado el rodado en la vía pública. Un total desorden y corrupción de la citada unidad fiscal, del Ministerio Público.
Conforme con los datos, el automóvil Hyundai i30, con matrícula brasileña MHJ-3198, incautado tras el asesinato del brasileño Liomar Antonio de Oliveira, debía permanecer bajo estricta custodia. Sin embargo, fue encontrado días abandonado en la vía pública del barrio San Miguel, de Ciudad del Este.
El informe policial refirió que, el vehículo fue hallado con billetes de 100.000 guaraníes esparcidos en su interior, tres teléfonos celulares y diversos documentos. Testigos afirmaron que el conductor, que luego fue identificado como Héctor Ramón Villalba, asistente fiscal, se encontraba visiblemente alcoholizado cuando abandonó el automóvil en la madrugada del 28 de noviembre pasado.
Siempre, conforme con los datos, al día siguiente, el asistente fiscal se presentó en la comisaría para reclamar la devolución del automóvil, alegando que el vehículo lo estaba utilizando con autorización expresa de su jefe, el fiscal Alcides Giménez.
Este es solo uno de varios casos que evidencian el caos y la corrupción que impera en el Ministerio Público de Ciudad del Este, particularmente en las unidades vinculadas al círculo cercano del fiscal adjunto Jorge Sosa, conforme con las fuentes.
Pero este no es el único caso de irregularidades, ya que también días atrás, Silvio Ayala, fue víctima del robo de su camioneta Toyota, tipo Hilux, la cual luego fue recuperada por la Policía. Ayala había denunciado un caso de presunta extorsión en la misma Unidad Fiscal, a cargo de Alcides Giménez. El afectado afirmó que se le exigió dinero en dos ocasiones para agilizar la devolución del rodado: primero 3 millones de guaraníes y luego 1.500 dólares.
Este caso evidencia un patrón recurrente de irregularidades en la gestión de bienes recuperados y las evidencias bajo la investigación del fiscal Alcides Giménez, en el que las víctimas son revictimizadas y, en la mayoría de los casos, deben pagar sobornos para agilizar sus trámites o, como en este caso, para recuperar sus bienes robados.
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