La función pública se destiñó hace décadas, prevaleciendo lo politiquero por sobre reales aptitudes para nombramientos. El servicio, antes que convertirse en efectivo engranaje del funcionamiento del país, se ha transformado en la principal traba de proyectos, planes serios encarados desde la esfera gubernamental. Muchos de quienes ocupan cargos públicos, utilizan la absurda garantía laboral para auto-asignarse menos trabajo, traficar influencias y permitir que correligionarios accedan sin trámites normales a atenciones preferenciales.
Los ejemplos sobran en torno a lo que no debe ser, ayer, y que en este tiempo no debería repetirse. El cambio de “favores” oficiales es la paga por la bendición de líderes políticos que logran los cupos. La corrupción sigue siendo galopante en muchos estamentos, por lo que si no se cambia, el fiasco seguirá siendo resultado de gestiones. La inmoralidad en la que se desenvuelven muchos de los nombrados por cupos políticos es una forma grave de corrupción que acecha a la función pública desde siempre y que debe ser cortado de una buena vez.
Muchos jefes, directores, administradores, fiscales, asistentes, utilizan su “poder” para intimidaciones o para lograr agrandar billeteras. Ya se tuvo suficiente de esto. La ignorancia, la soberbia llevan a muchos a exponer funciones, roles o estatus, para promocionar su “grandeza”. Denuncias contra quienes abusan de sus atribuciones no pueden ser minimizadas o protegidas por colegas, o jefes, y menos por autoridades que asumirán cargos. El castigo debe ser ejemplar en todos los casos, sin puntos intermedios.
Permitir la permanencia en lugares desde donde pueden seguir actuando como delincuentes, es una afrenta que la misma comunidad “normal” no debe tolerar y que se prometió cambiar en tiempo electoral. Desequilibrados, petulantes, intratables, drogadictos y desviados sexuales, deben dejar de ser características de quienes cumplen labores en instituciones oficiales, o al menos en el ejercicio de potestades. Lo moral y lo ético deben ser criterios a tomar en cuenta para contratar, permanecer o ser sacados de respectivos puestos, sumado a la aptitud, no partidaria.
La función púbica debe “desinfectarse” de alimañas que denigran a quienes sí son eficientes y no solo hurreros de medio pelo. Ser parte de esta función debe contar con criterios más allá de clientelismo o zoqueterismo que permite todo, menos lo correcto. Reivindicar a este sector, permitirá cumplir con la misión encomendada por el pueblo al Gobierno que asumirá funciones el 15 de agosto. Optimizar la función pública, no es una cuestión de gusto, sino necesidad imperiosa.
La eficiencia de los servicios públicos, pasa principalmente por los integrantes de las instituciones, donde la superpoblación es una realidad que necesita de “cirugía mayor”. De la misma forma, poner a todos en la misma bolsa, no corresponde, pues se ha visto que existe gente capaz y celosa de la función, pero opacados por las inacciones de colegas, o de quienes están al mando actualmente. Santiago Peña debe velar por los mejores, y despejar el estamento público de parásitos inservibles.
