Con algunos intentos, más bien “espectáculos” mediáticos de grandes investigaciones a personas con influencia y poder político, el mal principal de la impunidad sigue prevaleciendo con fuerza, sin que fuera afectada la malévola estructura corrupta que desangra al país. Hay una “dificultad” adrede para que efectivamente caigan los peces gordos de los rubros no legales, ya que los mayores ladrones, sin pisar la cárcel.
Penosamente no es muy difícil en este país, que “mafiosos” logren eludir procesos, pues este sigue siendo el Paraguay de los amigos, donde la Justicia cae con fuerte peso sobre “Juan Pueblo”, y como una pluma sobre el fulano que goza de poder económico y político. Un país que comercializa justicia, es un país condenado a la miseria, por lo que no se debe perder tiempo en al menos intentar revertir esta cuestión.
Crímenes o delitos deberían ser atribuibles a todos, independientemente a sus bolsillos, o manipulaciones legales. Fiscales y jueces deben determinarse dentro del marco legal, no dentro del marco económico, por lo que no se puede dudar para aplicar disposiciones firmes, sin titubeos, pese a tratarse de “amigos”, de apellidos conocidos en el mundo político o de fraternos.
La misma sociedad es fiel testigo de muchas cosas ajenas a la legalidad, de casos lúgubres donde bandidos no pisan prisión, e inocentes por carecer de condiciones económicas se pudren en cárceles. La seguridad jurídica pasa por el cumplimiento del principio de generalidad en materia de alcance de las normas, fuera del bolsillo, del aspecto político, de amoríos o logias. Una sociedad que pretenda tener una realidad positiva ya no debe permitir manejos dentro de la impunidad por el caudal económico, político o cualquier otro aspecto no jurídico.
Si aún prospera el blindaje con dinero, y el sentirse por sobre la ley, es porque la ciudadanía no se anima a tomar el protagonismo requerido para cambiar el contexto. Esta plaga llamada impunidad, alimenta la inmundicia, donde los poderosos hacen lo que quieren y solo los pobres son sometidos a la ley. La mayor parte de solo pobres van a las cárceles, eso ayer y hasta hoy. Pero donde hasta se compran conciencias, no se puede esperar otro resultado, mientras el pueblo siga inerte.
El dinero sigue diferenciando ciudadanos de primera y de segunda. El respaldo político es como un escudo contra las normas. Es obligación primera de las autoridades políticas y jurídicas restituir el orden normal de este rubro fundamental, sostén del orden público. Esta estructura montada por la corrupta personalidad de “líderes”, debe ser destruida desde sus raíces, incinerada.
La ley aplicada debe dar ejemplos, ejemplos de que no hay diferencias. Ejemplos que las medidas serán conformes hechos cometidos. Si no se rompe la impunidad, más temprano que tarde generará un caos que se lamentará. Ya no se debe negociar el “erga omnes”, la mafia, del sector que fuere no puede seguir predominando. Es uno de los grandes desafíos de las autoridades que asumirán en agosto, esperándose que las promesas sean efectivamente cumplidas.
