La fiscal María del Carmen Meza investiga a los agentes policiales de las subcomisarías 47 y 50, de Jerusalén II, distrito de Raúl Peña, e Iruña respectivamente, quienes habrían privado ilegalmente de su libertad a un conductor y su acompañante. Además, supuestamente le robaron la suma de 30 millones de guaraníes que se encontraban en el vehículo.
Una de las víctimas, bajo patrocinio de abogado, había presentado denuncia ante la Fiscalía contra los agentes del orden, identificados como el oficial primero Jorge Pineda y el suboficial Aldo Rodríguez.
La detención tuvo lugar a las 21:30 horas del miércoles pasado en la Ruta Py 06, cerca del puesto de peaje en el kilómetro 178.
Los agentes de ambas subcomisarías estaban llevando a cabo un control de personas y vehículos en la carretera cuando retuvieron un automóvil Toyota Sienta, de tipo Station Wagon, de color plata, año 2006, que era conducido por Rigoberto Ramón Vera Bartomeus.
En el vehículo también iba su compañero de trabajo, Fausto Arriola Alfonso, ambos residentes en el kilómetro 26, lado Acaray, del municipio de Minga Guazú.
Según el informe oficial de la subcomisaría 47ª, los dos ciudadanos fueron detenidos porque mostraban una “actitud sospechosa”. Los agentes inspeccionaron el vehículo y descubrieron que no tenía el asiento trasero, sino que había «un par de amortiguadores a roscas y un par de cintas transparentes de embalar». Por esta razón, detuvieron a Vera y a su acompañante y los trasladaron a la sede policial de la subcomisaría 47ª.
Allí, los dos hombres fueron encerrados en el calabozo mientras los agentes registraban el interior del automóvil, momento en que supuestamente se apropiaron de los 30 millones de guaraníes que se encontraban en su interior. Esto constituye una clara violación de los artículos 180 y 181 del Código Procesal Penal, que establecen los procedimientos para la inspección de personas y vehículos.
COACCIÓN GRAVE Y ROBO
Los responsables del operativo consultaron el Sistema Informático de la Policía Nacional en busca de antecedentes de Vera y Arriola, aparentemente en un intento de justificar el procedimiento irregular que estaban llevando a cabo. No obstante, las dos personas pudieron comunicarse con un abogado mientras se encontraban en el calabozo. Después de la intervención del profesional, los dos hombres fueron puestos en libertad, pero el dinero supuestamente desapareció.
Los policías Jorge Pineda y Aldo Rodríguez, ambos de la subcomisaría 47ª, fueron denunciados por los supuestos hechos punibles de robo (artículo 166 del Código Penal), privación de libertad (artículo 124 del Código Penal) y coacción grave (artículo 121 del Código Penal). La denuncia fue presentada por Vera, con la asistencia de su abogado.
Además, es importante destacar que los policías involucrados en este incidente también violaron el derecho de libre tránsito garantizado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual establece que los habitantes tienen el derecho de transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia.
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