La Fiscalía Adjunta emplazó por 30 días al fiscal Luis Trinidad Colmán para que presente avances de la investigación contra directivos de la distribuidora Apolo Import S.A., denunciados por coacción, extorsión, estafa, siniestro con intención de estafa y asociación criminal. Sin embargo, el fiscal ignora el emplazamiento de su jefe directo en Alto Paraná, Jorge Sosa, al no realizar ningún acto investigativo en marco de la causa contra los directivos de la citada empresa.
El abogado Osmar Ortega González, en representación del denunciante Mario Ramón Riveros Torales, el 18 de abril pasado por tercera vez realizó el pedido a Trinidad Colmán para que solicite varios informes como actos investigativos y que serían de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sin embargo, a casi un mes del pedido, el fiscal sigue desatendiendo los requerimientos del profesional del Derecho.
GRAVES HECHOS DENUNCIADOS
La denuncia había sido presentada por el exfuncionario de la empresa Apolo Import S.A., Mario Ramón Riveros Torales, quien formuló la acción penal en febrero pasado. Entre los denunciados se encuentran Emerson Chemin (propietario), Leidy Portillo (gerente de Logística) y Andrea Arriola Torres (gerente de Recursos Humanos), estas últimas son las principales operadoras de la firma ubicada en el Km 13 lado Monday de Minga Guazú.
Cumpliendo sus funciones dentro de la empresa (cobrador), el mismo fue víctima de un asalto el 14 de enero pasado en la localidad de Yrybucuá, departamento de San Pedro, oportunidad en que un grupo criminal le robó la suma de G. 20.551.000.
Antes de realizar la denuncia ante la Policía Nacional, sus jefes le ordenaron que haga figurar un monto superior, con el supuesto objetivo de sacar provecho económico de la empresa aseguradora. Cumpliendo órdenes, el empleado radicó la denuncia haciendo constar G. 26.000.000. Posterior a esto, el mismo fue obligado a firmar su renuncia de trabajo, bajo la amenaza de que si no lo hacía podían involucrarlo en el hecho de robo agravado.
El abogado recurrente había solicitado que se resigne en el caso a nuevo agente fiscal, debido a que la unidad a cargo de Trinidad Colmán supuestamente ignoró repetidas solicitudes de diligencias, que son necesarias para demostrar la comisión de los hechos punibles.
En concreto, dijo que solicitaron en siete oportunidades el secuestro de las cámaras de circuito cerrado de la empresa y oficios para la obtención de elementos probatorios, pero que nunca tuvieron respuesta del fiscal.
El abogado resaltó que los denunciados presentaron supuestamente testigos para lograr una desestimación inmediata del caso, pero que la víctima extrañamente no fue citada para su declaración ratificatoria. Incluso, señaló que supuestamente se montó un esquema para dar una salida procesal a los investigados, tomando las declaraciones sin notificación formal de fecha y hora.
En resumen, el fiscal hasta el momento no llevó a cabo ninguna de las diligencias solicitadas formalmente dentro de la carpeta fiscal, según el abogado Ortega. Señaló además -en el documento presentado ante el fiscal adjunto- que mientras los denunciados reciben atención y concesiones dudosas, a su representado llamativamente se le niegan todos los pedidos realizados en tiempo y forma.
El escrito también resalta que la inacción de la unidad fiscal podría incurrir presuntamente en el delito de obstrucción a la persecución penal, ya que se corre el peligro de que los denunciados hagan desaparecer evidencias por negligencia o intencionalidad del investigador a cargo. Concluyó, que debido a esto, se perdió la confianza en el fiscal Luis Trinidad Colmán.
Como ya es común en la zona, nuevamente el poderío económico de un grupo empresarial trata de imponerse y avasallar todo tipo normativas procesales con el fin de obtener impunidad, a pesar de los graves hechos acusados que obran en la denuncia. Desde la firma Apolo Import S.A., encabezado por el brasileño Emerson Chemin, estarían maniobrando para lograr el “blanqueo” de la situación.
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