La realidad en nuestro país poco a variado de lo que se estaba acostumbrado, donde los poderosos siguen estando por sobre las leyes. Todo sencillo mortal, es decir alguien que no es parlamentario o no goza de fueros, debe responder indefectiblemente por hechos que puedan interpretarse como atentatorios contra las leyes.
Políticos, con sus respectivos amigos, parientes, o socios de negocios, siguen exentos de ser sancionados por la justicia. Lo que ocurre de manera repetida, privando a la justicia de investigar a tristemente célebres personajes que atentaron contras las normas nacionales, es la muestra de dicha realidad. Esta práctica aberrante de dotar de impunidad a malvivientes que bajo engaños o coerciones han logrado acceder a fungir de legisladores, es el principal fomentador de la deficiencia judicial. Obtener apoyos de parlamentarios que quizás sean tan o más transgresores de la ley, es el signo claro que la mayor parte del Poder Legislativo Nacional apoya la criminalidad.
Malvivientes con fueros no representan al pueblo, sino a propios intereses muy ajenos al bien común. Estas autoprotecciones no pueden ser sostenidas por quienes persiguen el nuevo Paraguay, o al menos reencauzar desigualdades humanas tan vigentes en todo el territorio nacional.
La política cuando pasa a ser politiquería, es un cáncer que se extiende por todos los estamentos y causa la muerte lenta y dolorosa de esperanzas por visualizar tiempos mejores para la población.
El país no necesita de este tipo de parlamentarios. El lugar de bandidos es la cárcel, independientemente si es autoridad o goza de buen pasar económico.
Parafraseando al gran poeta, reformador y legislador ateniense Solón, en nuestro país “las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso”.
Uno de los estamentos más corruptos e inoperantes, es precisamente el Poder Legislativo. La inmunidad tiene su punto de sostén válido, pues en teoría debería dar tranquilidad para legislar sin injerencia o presiones externas que deseen frenar las buenas labores. Pero de ahí en utilizarlo como escudo contra la ley, lo desnaturaliza y lo convierte en una herramienta vil que dota de mejor pertrecho para delinquir.
La desnaturalización de este beneficio, deberá ser fruto de análisis serio y objetivo eventualmente en una reforma de la Constitución Nacional.
La población está harta de este tipo de prácticas secundadas por sus mismos representantes. La ciudadanía, al ser el titular del poder, y de tener como representantes a diputados y senadores, deberá exigir el cumplimiento cabal de sus obligaciones en pos de la generalidad, y no del bienestar de malvivientes colegas.
Un legislador, en teoría, debería de ser custodio de la Constitución, y no transgresor. Promover acciones contra quienes siguen profesando la ilegalidad como forma de vida, deberá ser la posición de la población que tiene el derecho de obligar a sancionar a representantes. Callar o solo atinar a tibias críticas, no serán útiles en la tarea de todo ciudadano patriota que desea ver en algún momento el verdadero cambio.
Este es el momento de construir los cimientos de la nueva Patria, con políticos y autoridades respetuosas de las leyes y sometidas a los intereses comunes. La impunidad solo trunca avances, y genera pobreza en todos los estamentos. Las leyes están para cumplirse, y quienes se atrevan a desobedecerlas, independientemente al estatus o rol, deberán cargar con el peso de sus culpas.
