Agentes fiscales en varios casos no son más que peones del dinero y poder político, que actúan o no, por dichas motivaciones. Los inúmeros episodios de protección a malvivientes políticos, dejan más expuestas al Sol lo que todos saben, viven o practican. Estos hechos confirman que al igual que el resto de los estamentos, el Ministerio Público cuenta con exponentes enfermos y transgresores de las propias normas que, en teoría, deberían de defender. Lastimosamente, se hizo costumbre tener a fiscales salpicados por hechos de corrupción y complicidades en delitos y crímenes.
No podemos desconocer que conductas hipócritas reinan en el mismo ámbito, pero al menos con disimulo para evitar el rubor, y no tan asqueroso como las acciones antijurídicas con tinte legal que se usan para “calmar” reclamos de corrupción. La pérdida de vergüenza, es el último paso del ser humano para la degradación total, por lo que insistir en mejorar por lo menos conductas será un acierto para levantar la alicaída imagen del órgano implacable contra “Juan Pueblo” y servil al dinero y poder político.
No son hechos nada más aparecidos en este tiempo, o denunciados por alguien que se vio afectado por primera vez, sino algo corriente, que dejó víctimas por doquier, incluida a la legalidad. El “sistema” funciona desde siempre, y no se debe perder de vista que si hay corrupción, es porque también existe un corruptor. El dinero circula de una mano a otra, y si hay coimas, es porque alguien lo propuso. Se compra, se vende, se alquila.
La designación de agentes fiscales debe ser reevaluada en forma urgente, y la implementación de test de aptitud debe ir acompañada por un seguimiento serio de psicólogos, que puedan determinar el grado de “cordura” de los postulantes a tan importante cargo. Y esto vale para el propio Fiscal General del Estado, que desde sus inicios se comporta como mera marioneta, no siendo diferente a sus antecesores. Las improvisaciones o padrinazgos generan el terrible mal de nombramientos de imberbes y poco preparados fiscales que la práctica es más una carga para el Estado y para la ciudadanía.
Encarar estas realidades bochornosas no solo debe servir para un escarmiento público, sino para reencausar realidades, y buscar hacer de la función pública realmente representante de la sociedad, no la búsqueda de mejorar propias economías o impunidades para poderosos patrones. Será un buen comienzo sanciones, desde la cabeza, hasta el último del Ministerio Público.
Es indudable que la fiscalía posee buenos, honestos, y coherentes agentes, pero lastimosamente resaltan irregularidades sostenidas por el resto. No se debe perder de vista que si la corrupción impera en todos los estamentos, es porque la sociedad solo calla, y otorga. La impunidad es generadora de vicios que tienen recorrido en círculos, por lo que sin lugar a dudas alguna vez sus efectos alcanzarán a todos. La responsabilidad por mejorar convoca a todos, a fiscales, abogados y ciudadanos. Es necesario atacar el “pecado” no solo al pecador, si de veras se busca crecer. Mientras se permite al poder económico y político vulnerar todo, nada cambiará.
