Los datos salen a la luz después que ayer martes, una gran manifestación ciudadana impidió que Rubén Rojas (ANR) materializara uno de sus más groseros negociados de los últimos tiempos. Quiso entregar el vertedero municipal en concesión por 20 años, con toda la infraestructura municipal y las máquinas de la Comuna, a una empresa privada, sin recibir casi nada a cambio.
Los concejales de la oposición, que son minoría en la Junta Municipal, salieron al paso de este intento de entrega de un valioso patrimonio municipal, y las publicaciones periodísticas encendieron la ira de los hernandarienses, que ayer miércoles se manifestaron contra el intendente en forma ruidosa frente a la sede comunal.
Pero este no es el único caso de corrupción, ya que Rubén Rojas (ANR – cartista), acumula desde el mes de enero de este año un total de 5 DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN ante el Ministerio Público, las cuales están siendo cajoneadas por los investigadores de turno.
La primera de ellas tiene que ver con la fallida entrega de tierras de Itaipú a sus propios parientes y a una hija del cuestionado comisario Ángel Gabriáguez. Las tierras son de alto valor, ya que están en un lugar privilegiado, y el intendente quiso darlas en “arrendamiento”, como si fueran municipales.
Los concejales denunciaron también que Rojas estafó a los contribuyentes hernandarienses con la contratación de un sanatorio para la realización de exámenes de vista y oído para registros de conducir. Se trata de la clínica Buen Jesús, de un antiguo operador colorado de esa ciudad.
La tercera tiene que ver con la modificación de la ordenanza presupuestaria, lo cual es por demás grave. La Junta Municipal aprobó un monto para el presupuesto y en el momento de promulgarla, el intendente infló la cifra para contratar a sus operadores políticos.
La cuarta tiene que ver con el rechazo de la ejecución presupuestaria del año pasado, donde se constatan graves irregularidades que llenan los presupuestos de Lesión de Confianza; y la quinta es por haber contratado a planilleros, y pagar salarios con el dinero de los contribuyentes a personas que no prestaban servicio alguno a la institución.
Todas estas denuncias están paralizadas y ni siquiera fueron diligenciadas por los fiscales de Delitos Económicos de Asunción en algunos casos, y otros a cargo del cuestionado Alfredo Acosta Heyn, de Hernandarias. De hecho, se descubrió después que el hijo del citado fiscal es el asesor personal del intendente, hoy denunciado repetidamente por graves hechos de corrupción.
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