La denuncia presentada en la Fiscalía data del 6 de setiembre del 2019, y habla de producción de documentos públicos de contenido falso, y eventualmente otros hechos punibles que pudieran ser identificados. Menciona como responsables a la persona jurídica denominada ‘Tajy Ingeniería SA’.
La citada empresa está representada por los ciudadanos Emilio Gotzen y Ricardo Soto Maciel, de acuerdo a los datos que se encuentran en la carpeta fiscal, que recayó en la unidad de la abogada Lolia Zunilda Martínez. Alcanza además a las escribanas Gladys Frutos Cabral y Wilma Villalba Peralta respectivamente.
De acuerdo a los términos de la denuncia, firmada por uno de los dirigentes del Asentamiento ‘Santísima Trinidad’, Juan Gabriel Dielma, todas estas personas participaron de una componenda que terminó fabricando un título de propiedad para hacerlos desalojar del lugar donde vivían, hasta el punto de lograr que fueran condenados en juicio oral y público.
La finca está en la Villa Acaray del Barrio Don Bosco, tiene una extensión de 5 hectáreas, y según informes de la Dirección General de los Registros Públicos y de Catastro Nacional, pertenece a la Municipalidad de Ciudad del Este. Surge entonces el nombre del supuesto ‘dueño original’ de estas tierras, el entonces concejal municipal Luis Mariano Fernández Picco.
Ya en el mes de setiembre, cuando se presentó la denuncia, se ha solicitado a la Fiscalía imprimir trámites urgentes para iniciar la investigación, ante el peligro de obstrucción por parte de los denunciados, pero llamativamente hasta ahora la fiscal Lolia Zunilda Martínez no ha realizado diligencia alguna.
Lo que sí confirmaron fuentes de su entorno, es que la misma recibe periódicamente al abogado de los denunciados, y a pesar de la insistencia de los denunciantes, ni siquiera ha comenzado las pesquisas.
La cuestión es sumamente grave, teniendo en cuenta que unos 30 ciudadanos paraguayos fueron condenados a pena privativa de libertad, y de hecho estuvieron presos por un tiempo, por invasión de inmueble ajeno. Sin embargo, se comprobó que el título de propiedad que originó la causa fiscal para el posterior desalojo y la condena de los mismos, es falso, por lo que se esperan demandas contra el Estado paraguayo, y contra jueces y fiscales que participaron de este ‘circo’.
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