La persistente crisis de la Justicia paraguaya no se resolverá por arte de magia con una reforma de la Constitución Nacional. Antes que modificar la letra de la ley, urge corregir la conducta de quienes tienen la obligación de aplicarla. Ninguna arquitectura jurídica, por perfecta que sea, puede resistir indefinidamente la mediocridad, la venalidad y la falta de escrúpulos de sus ejecutores.
La experiencia demuestra que el problema no radica exclusivamente en las normas, sino en la degradación de quienes deben convertirlas en instrumentos de equidad. La lentitud deliberada de los procesos, la manipulación de pruebas, las pericias cuestionables y las resoluciones sospechosamente funcionales a determinados intereses alimentan la percepción de que, para algunos, la Justicia dejó de ser un servicio público y se convirtió en una mercancía.
Despolitizar el Poder Judicial es indispensable, pero no basta con proclamarlo. La influencia de los intereses partidarios y económicos sobre fiscales y magistrados no constituye una fatalidad constitucional, sino una práctica que encuentra terreno fértil en la falta de independencia, la debilidad de los controles y la impunidad. La Constitución vigente ya establece principios de independencia e igualdad ante la ley.
El problema es que, demasiadas veces, esos principios quedan relegados cuando entran en conflicto con determinados intereses. Tampoco puede pretenderse que las instituciones funcionen correctamente si sus máximas autoridades no ofrecen un ejemplo de integridad. Cuando quienes deben custodiar la legalidad toleran, encubren o participan de conductas impropias, entonces el resto es reacción en cadena.
En semejante ambiente, los funcionarios capaces y probos corren el riesgo de ser desplazados, silenciados o relegados por no acomodarse a las conveniencias de turno. Los códigos de ética y las amenazas de sanciones penales sirven de poco cuando no existe voluntad efectiva de aplicarlos. Una norma sin consecuencias es apenas una declaración decorativa, y una investigación que nunca llega a sus responsables termina funcionando como garantía de impunidad. Si una coima puede torcer una resolución, dilatar un expediente o perjudicar derechos ajenos, el ciudadano está librada a su mala suerte.
La salida exige una profunda reingeniería institucional, con selección rigurosa de fiscales y magistrados, evaluación de desempeño, transparencia patrimonial, controles independientes y sanciones efectivas para quienes traicionen sus responsabilidades. También requiere una despolitización real, que impida convertir los cargos judiciales en premios, favores o instrumentos de protección.
No se trata solamente de cambiar personas, sino de desarticular los mecanismos que permiten que los deshonestos prosperen y los honestos estorben. Una reforma constitucional puede discutirse, pero jamás debería utilizarse como coartada para postergar las responsabilidades presentes. La Justicia necesita mejores instituciones, pero también necesita carácter, competencia y patriotismo de quienes la integran. Ningún cambio de artículos sustituirá la integridad que falta en algunos despachos.
