Si una sola compra presenta irregularidades, puede tratarse de un error. Si una obra cuesta más de lo razonable, cabe exigir una explicación. Si una contratación despierta sospechas, corresponde investigar. Pero cuando las dudas se multiplican alrededor de una misma administración, las coincidencias comienzan a resultar demasiado costosas para el contribuyente. Y entonces la pregunta obligatoria debería ser ¿qué ocurrió con el dinero público durante la gestión de Miguel Prieto en Ciudad del Este?
Hagamos el ejercicio de formular preguntas, sin condenas anticipadas ni absoluciones por simpatía política. ¿Pagar alrededor de 400.000 dólares por cada bus eléctrico fue una decisión económicamente justificada o una operación cuyos costos, condiciones y beneficios merecen un examen exhaustivo? ¿Las adquisiciones vinculadas al caso Tía Chela respondieron a necesidades reales y procedimientos transparentes, o hubo compras direccionadas y operaciones que deben ser esclarecidas judicialmente? ¿Adquirir pasto a precios exorbitantes y construir plazas con costos altísimos constituye una administración eficiente o un uso del dinero municipal que exige explicaciones mucho más convincentes que un discurso de campaña?
Sigamos preguntando. ¿Qué sentido tiene invertir recursos públicos en una clínica móvil cuyo proceso de adquisición fue cuestionado por inconsistencias? ¿De qué sirve inaugurar asfaltados que, por su baja calidad, parecen tener fecha de vencimiento antes que utilidad duradera? ¿Es desarrollo urbano construir obras que se deterioran prematuramente, o se trata de inaugurar para la fotografía y dejar que el contribuyente pague nuevamente por las reparaciones?
Y hay preguntas todavía más delicadas. ¿Existieron empresas de maletín vinculadas a personas cercanas al entorno municipal que fueron utilizadas para facturar a la comuna? ¿Los aumentos salariales a allegados y las contrataciones de “paquitas” respondieron a necesidades institucionales, criterios profesionales y méritos comprobables, o prevalecieron la amistad, la lealtad política y los “favores” personales?
A todo esto se suma una cuestión de fondo: ¿cuál fue el proyecto de gestión que articuló semejante volumen de gastos, obras, compras y contrataciones? Una municipalidad no puede convertirse en una sucesión de operaciones inconexas, anuncios publicitarios y ceremonias de inauguración.
Si no existe una explicación coherente entre los recursos utilizados y los beneficios obtenidos, la propaganda podrá llenar espacios en las redes sociales, y like de perfiles comprados, pero difícilmente llenará los vacíos de la gestión.
El problema no es Miguel Prieto como figura política, sino el precedente que se establecería si la administración del dinero público dependiera de quién gobierna, quién denuncia o cuántos seguidores aplauden. Lo que ayer se exigía investigar a un colorado debe exigirse hoy a un opositor, y viceversa. La honestidad no es una virtud exclusiva de los adversarios ni la transparencia una obligación reservada a quienes no están en el poder.
Por eso, la sentencia debe ser tan clara como innegociable. Si se comprueban compras direccionadas, sobrefacturaciones, empresas ficticias o beneficios indebidos, estamos ante hechos que deben ser sancionados con todo el rigor de la ley y la consecuencia debe ser la cárcel. Si no se comprueban, corresponde absolver a quienes hayan sido injustamente acusados.
En definitiva, no se trata de condenar primero y preguntar después. Se trata de preguntar hasta esclarecer, investigar hasta demostrar y sancionar cuando corresponda.
