Hay debates que pueden ser legítimos, pero que se vuelven peligrosos cuando se pretende presentar como solución aquello que apenas podría cambiar la naturaleza de un problema. La discusión sobre la despenalización o legalización de la marihuana aparece a cada tanto, con argumentos que parecen ignorar una pregunta elemental: ¿están nuestros sistemas de salud, educación, prevención, seguridad y control preparados para afrontar las consecuencias de una mayor disponibilidad de cannabis?
No se trata de negar el debate ni de convertirlo en una cuestión de buenos contra malos. Se trata de no confundir la legalización con la solución de los problemas que genera el mercado ilegal de drogas. Quitar una prohibición no elimina automáticamente el consumo problemático, la dependencia, los daños asociados ni la presencia del crimen organizado.
Ya existen suficientes dificultades para controlar el consumo de sustancias legalizadas. Alcohol y tabaco están regulados, existen restricciones para menores y, aun así, su comercialización y consumo generan enormes costos sociales y sanitarios. Pretender que la marihuana ingresará a ese mismo escenario sin consecuencias adicionales sería, como mínimo, una necedad.
Tampoco resulta suficiente invocar experiencias extranjeras como si fueran recetas universales. Cada sociedad tiene sus propias condiciones institucionales, culturales y sanitarias. Lo que puede funcionar bajo determinados sistemas de regulación no necesariamente produce idénticos resultados en países donde los controles estatales presentan otras limitaciones.
Y hay una cuestión que no puede quedar fuera del debate y guarda relación con niños y adolescentes. La discusión no debería reducirse al derecho de un adulto a consumir, sino incorporar el riesgo de normalizar una sustancia entre generaciones que todavía están formando su criterio, su organismo y sus hábitos. La prevención, la educación y la protección de los menores deberían estar antes que cualquier interés comercial.
También merece atención la seguridad vial. El consumo de cannabis puede afectar capacidades necesarias para conducir, como la atención, la coordinación y el tiempo de reacción. En una sociedad que ya soporta una preocupante cantidad de siniestros viales, agregar otro factor de riesgo no es precisamente una política menor.
Por otra parte, presentar la legalización como mecanismo para terminar con los cárteles tampoco ofrece una respuesta automática. El crimen organizado no desaparece simplemente porque una sustancia pase a tener un régimen legal. Puede desplazarse hacia otros mercados ilícitos, competir con el mercado regulado o aprovechar las debilidades de los controles.
El Estado debería demostrar primero que puede prevenir, fiscalizar, educar, atender las adicciones y proteger eficazmente a los menores antes de asumir nuevos riesgos regulatorios.
No hace falta demonizar a quien consume para advertir sobre los riesgos del consumo. Tampoco hace falta convertir al cannabis en el origen de todos los males sociales. Pero tampoco corresponde presentarlo como una inocente hierba cuya legalización resolverá los problemas del narcotráfico.
