Debido a que la Procuraduría General de la República en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no fue notificada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la condena dictada en procedimiento abreviado contra Khalil Ahmad Hijazi.
Fue una resolución en mayoría de los camaristas Arnaldo Fleitas, Paublino Escobar y Camilo Torres, quienes anularon la resolución dictada el 29 de mayo del 2024, por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
En la audiencia preliminar, el magistrado Otazú había condenado mediante procedimiento abreviado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez y Hamze Ali Hijazi a la pena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena.
Ante esta sentencia con la salida procesal los condenados debían abonar la suma de G. 400 millones cada uno como reparación del daño social. Los citados más arriba habían sido imputados por delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que la fiscala María Estefanía González les acusó y solicitó la apertura a juicio oral, pero en la preliminar, se allanó al procedimiento abreviado.
Según la Fiscalía se habrían usado facturas con valores inferiores a los reales para importar principalmente productos electrónicos. De esta manera, las operaciones declaradas fueron por unos USD 79,9 millones, cuando el valor real habría ascendido a aproximadamente USD 132,2 millones, con una diferencia superior a USD 52,5 millones a favor del fisco. Sin embargo, con la medida dictada a favor de los procesados, la diferencia ni siquiera se acerca a lo que los mismos debían abonar como reparación del daño social.
Es así que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, apeló la resolución con el argumento de que, como víctimas del hecho punible, no habían sido notificados de la audiencia preliminar, lo que les impidió participar de la importante diligencia. Igualmente, el entonces procurador general de la República, Marco Aurelio González, durante la tramitación de la causa, cuestionó la resolución ya que la preliminar se realizó sin representantes de la Procuraduría General.
Dicen los camaristas que “se concluye que la irregularidad constatada no constituye una mera deficiencia formal carente de trascendencia. El perjuicio ocasionado resulta concreto, toda vez que la DNIT fue privada de conocer oportunamente la existencia del procedimiento” para ejercer sus facultades como víctima.
Los camaristas Arnaldo Fleitas Ortiz y Camilo Torres entendieron que se debía anular la resolución que concedió las salidas procesales a los acusados y que otro juez debía realizar nuevamente la audiencia preliminar. Por su parte, en minoría, Paublino Escobar entendió que se debía revocar el fallo y que el mismo juez realizara nuevamente la audiencia preliminar con la citación a la víctima.
SANCIONADO POR EL TESORO DE EE.UU.
Khalil Ahmad Hijazi fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) el 24 de agosto de 2021. Está en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List) bajo el programa GLOMAG (Global Magnitsky).
Fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 (que implementa la Ley Global Magnitsky) por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes a financistas de Hezbollah en la Triple Frontera.
Utiliza empresas de importación/exportación (como España Informática S.A., de la cual Khalil era presidente) para importar mercaderías (principalmente electrónica) desde EE.UU. y otros países, alterar facturas para subvalorar los bienes, evadir impuestos e inspecciones, y luego mover las ganancias a través de casas de cambio y bancos hacia EE.UU., China, Hong Kong y otros destinos.
Khalil Ahmad Hijazi fue vinculado como asociado en estas operaciones. También se sancionaron empresas relacionadas con él: Apolo Informática S.A., Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A. y Mundo Informático Paraguay S.A.
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