¿Por qué cuesta tanto la integridad en la función pública? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta conduce inevitablemente al componente humano. Ninguna ley, reglamento, sistema de control o mecanismo de transparencia puede sustituir por completo la voluntad individual de actuar correctamente. Donde existe decisión de delinquir, siempre habrá quien busque la grieta para convertir el cargo en una oportunidad de beneficio personal.
El problema no está solamente en las normas que se incumplen, sino en la facilidad con que algunos funcionarios consiguen acomodar su conciencia a sus intereses. Se vulneran procedimientos, se manipulan recursos, se utilizan estructuras públicas para favorecer negocios particulares y se convierte el patrimonio colectivo en una suerte de botín disponible para quien circunstancialmente ocupa una posición de poder.
Y allí aparece una de las mayores contradicciones de nuestra vida pública, pues individuos que llegan a los cargos con discursos de servicio terminan comportándose como propietarios de aquello que pertenece a todos. Muchos transforman la función pública en plataforma de enriquecimiento ilícito, mientras construyen alrededor de sí mismos una narrativa de honestidad que se desmorona apenas aparecen los documentos, las investigaciones o las evidencias. Que lo diga Prieto.
La cuestión adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando quienes son descubiertos no responden con explicaciones convincentes ni con disposición a rendir cuentas, sino con acusaciones de persecución, victimización y proclamas de una supuesta transparencia que nunca demostraron con hechos.
En el ámbito municipal, esta práctica ha producido una lista demasiado extensa de autoridades que “confundieron” administrar con disponer. Intendentes y otros responsables de gobiernos locales que llegaron prometiendo cambios terminaron dejando agujeros, denuncias, perjuicios patrimoniales o administraciones marcadas por la falta de controles efectivos. Y, paradójicamente, algunos continúan presentándose como los grandes abanderados de la decencia.
La integridad se demuestra en la forma de contratar, en la manera de administrar los recursos, en la disposición a transparentar documentos y, fundamentalmente, en la capacidad de aceptar controles incluso cuando resultan incómodos. El ciudadano tampoco debería conformarse con discursos. La democracia no obliga a creer en quien grita más fuerte su inocencia, sino a exigir pruebas, resultados y responsabilidades.
Elegir autoridades supone entregarles temporalmente la administración de bienes que no les pertenecen. Esa diferencia debería ser suficiente para imponer una conducta mucho más rigurosa. Quizás una de nuestras mayores desgracias no sea la falta de leyes, sino la abundancia de quienes encuentran conveniente incumplirlas.
Y peor todavía, la tolerancia social que permite que algunos sean descubiertos, cuestionados y, aun así, vuelvan a presentarse como salvadores. La función pública necesita personas capaces de entender que el poder es una responsabilidad y no una licencia para delinquir. Cuando quien administra lo ajeno comienza a considerarlo propio, la corrupción deja de ser una desviación del sistema y se convierte en una forma de gobierno.
