La inseguridad es en una de las principales angustias de los habitantes del Alto Paraná. En Ciudad del Este y otras localidades del departamento, la sensación, o mejor, la realidad de vulnerabilidad ha alcanzado un punto en que el ciudadano ya no se pregunta solamente cómo evitar ser víctima de la delincuencia cuando sale de su casa, sino también cómo protegerse dentro de ella.
Llegamos a una situación en la que muchos sienten que, además de rezar para regresar sanos y salvos, deben pensar en alguna forma de defensa ante la posibilidad de ser atacados. Cuando ni siquiera el hogar constituye un espacio de tranquilidad, comienza a instalarse la conclusión que hay que tener con qué defenderse, porque nadie sabe cuándo deberá hacerlo.
Es comprensible que, ante el abandono de la seguridad pública, una persona piense en proteger a su familia y sus bienes. Pero tampoco puede ignorarse el enorme riesgo que representa recurrir a un arma de fuego sin la preparación, responsabilidad y condiciones legales necesarias. Un arma en manos inexpertas puede transformar una situación de miedo en una tragedia.
Por eso, la desesperación ciudadana no debería ser interpretada como una invitación a la proliferación irresponsable de armas, sino como una señal inequívoca de que el Estado está fallando en una de sus obligaciones esenciales. El ciudadano no debería tener que convertirse en policía para sentirse seguro. Tampoco debería vivir detrás de rejas, cámaras, alarmas y mecanismos de protección, mientras quienes tienen la responsabilidad de combatir el delito discuten estrategias que rara vez producen resultados visibles.
La seguridad ya no debe reducirse a discursos, operativos ocasionales o anuncios posteriores a hechos graves. Se necesita prevención, presencia policial efectiva, investigación criminal, inteligencia, persecución de los delincuentes y respuesta rápida ante las denuncias. Se necesita, además, una Policía respaldada, equipada y conducida con criterios profesionales, pero también controlada para evitar abusos y complicidades.
Es un gran riesgo cuando una sociedad está convencida de que debe defenderse por sus propios medios es la única alternativa. Ese camino debería preocupar seriamente a las autoridades. No solamente porque aumenta el riesgo de accidentes y enfrentamientos, sino porque puede profundizar una espiral de violencia en la que delincuentes y ciudadanos terminen cada vez más armados y desconfiados. La inseguridad no se combate pidiendo paciencia a las víctimas ni acostumbrándolas al miedo. Se combate cumpliendo el deber.
Las autoridades deben entender que cada robo, asalto, homicidio o ataque que queda sin respuesta confirma el abandono. Y cuando una población comienza a creer que necesita armarse para sobrevivir, estamos ante una crisis grave. Todo ciudadano tiene derecho a la seguridad, y cuando ella falta, también tiene la facultad de buscar defenderse. Antes de que esa desesperación se convierta en una nueva fuente de violencia, quienes gobiernan deben asumir, de una buena vez, la responsabilidad que les corresponde.
