En política, una campaña electoral, suele costar mucho más de lo que figura en los papeles. Y cuando las cifras declaradas parecen una verdadera minucia frente a la dimensión de las promesas, la organización territorial, la movilización y los recursos utilizados, la primera obligación de la ciudadanía no debería ser aplaudir el supuesto ahorro, sino preguntar ¿Cuánto cuesta realmente una elección?
En Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica aparece declarando una cifra que resulta difícil de conciliar con una campaña que pretende movilizar una estructura política de considerable dimensión.
El problema no es que un candidato pueda hacer campaña con poco dinero. Naturalmente que puede. El problema aparece cuando los números oficiales no guardan correspondencia con la realidad visible y, al mismo tiempo, se habla de disponer de miles de millones para la jornada electoral en escenarios de promesas.
La cuestión adquiere todavía mayor gravedad cuando quien pretende continuar al frente de la Municipalidad es señalado por utilizar la estructura municipal para favorecer su proyecto político. Una cosa es administrar los recursos públicos y otra muy distinta es convertir oficinas, funcionarios, actividades, obras, vehículos, comunicación institucional o cualquier otro recurso municipal en instrumentos de promoción electoral.
Y aquí no puede existir doble vara.
Durante años, desde el sector que hoy representa Mujica se hicieron fuertes cuestionamientos contra las prácticas de la vieja política, denunciando utilización de recursos públicos, clientelismo, estructuras estatales al servicio de candidaturas y mecanismos de financiamiento que debían ser investigados. Perfecto. Esas denuncias eran legítimas. Pero la coherencia tiene la condición elemental de que aquello que se condenaba cuando lo hacían otros debe seguir siendo condenado cuando lo hace uno mismo.
No se puede haber llegado al poder prometiendo terminar con las viejas prácticas para después reproducirlas con otro discurso, otra bandera y otros protagonistas. Si antes era corrupción, ahora con más razón lo sigue siendo.
Por eso las cuentas de campaña deben ser verificadas de verdad.
No alcanza con presentar declaraciones juradas. Hay que contrastarlas con la realidad.
Cantidad de funcionarios movilizados, publicidad, logística, alquileres, vehículos, combustible, actos, propaganda, contratación de servicios, aportes de terceros y, particularmente, el dinero que aparece en los últimos días de campaña, cuando históricamente las necesidades electorales suelen multiplicarse, no son minucias.
La transparencia consiste en demostrar que lo declarado coincide con lo gastado.
Y tampoco puede aceptarse que la discusión sobre la narcopolítica sea utilizada como arma exclusiva contra un adversario. El narcotráfico y su capacidad de penetración en la política no tienen afiliación partidaria. Si existen vínculos, financiamiento ilegal o estructuras criminales intentando capturar espacios de poder, deben ser investigados dondequiera que aparezcan.
Todos deben ser medidos con la misma vara.
Porque si Yo Creo denunció durante años los vicios de la política tradicional, hoy tiene la obligación adicional de demostrar que realmente es diferente. Y esa demostración no se consigue con discursos ni con cifras de campaña que parecen demasiado buenas para ser ciertas.
Ciudad del Este no necesita más “los mismos de siempre” con diferente etiqueta.
Necesita que la política deje de ser un negocio de cifras invisibles y se convierta, de una vez por todas, en una actividad sometida al escrutinio público.
