La elección del próximo Contralor General de la República no debería convertirse en otro capítulo de negociaciones políticas ni en la distribución de cuotas de poder. La naturaleza misma del cargo exige que el criterio predominante sea la idoneidad. El país necesita al profesional de mejor perfil académico y de la más sólida solvencia moral, porque sobre sus hombros recaerá custodiar el correcto uso de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República no es un organismo decorativo ni una dependencia destinada a producir informes que luego acumulen polvo en algún archivo. La Constitución y las leyes le asignan la misión de controlar el patrimonio del Estado, fiscalizar la utilización de los bienes y fondos públicos, auditar a las instituciones estatales y a las entidades que administran recursos públicos, verificar la legalidad y eficiencia de la gestión administrativa, emitir dictámenes técnicos, promover la transparencia y denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que pudieran constituir hechos punibles o generar responsabilidad administrativa, civil o patrimonial. Se trata, en definitiva, del principal órgano de control externo de la administración pública.
La importancia de esas potestades explica por qué el cargo no puede recaer en alguien cuya principal virtud sea la cercanía con un sector político. La independencia es tan importante como el conocimiento técnico.
Un contralor condicionado por compromisos partidarios difícilmente investigará con el mismo rigor a quienes facilitaron su designación. La ciudadanía no necesita un protector de gobiernos ni un perseguidor de adversarios; necesita un custodio imparcial del dinero que pertenece a todos.
Durante demasiado tiempo, la corrupción encontró terreno fértil precisamente porque los mecanismos de control fueron débiles, complacientes o directamente indiferentes. Cuando las instituciones encargadas de fiscalizar renuncian a su papel, el riesgo de ser descubierto es mínimo y el de ser sancionado, todavía menor. Allí comienza el círculo vicioso de la impunidad que tanto cuesta romper.
Por el contrario, una Contraloría fuerte, técnica e independiente representa una garantía para toda la sociedad. Cada auditoría seria, cada examen riguroso y cada denuncia fundada significan una defensa concreta de los recursos que deberían convertirse en hospitales mejor equipados, escuelas más dignas, rutas seguras y servicios públicos eficientes.
Controlar no es obstaculizar la gestión; es proteger el patrimonio de quienes financian el Estado con el fruto de su trabajo.
La elección que debe realizarse no es simplemente la de un funcionario más. Es la designación de quien tendrá la enorme responsabilidad de representar a la ciudadanía en la custodia de los bienes públicos y en la verificación permanente de que los recursos sean administrados conforme a la ley y al interés general. Si los legisladores privilegian la preparación, la independencia y la integridad moral por encima de las conveniencias políticas, el país habrá dado un paso importante hacia una institucionalidad más fuerte.
