Una de las principales responsabilidades de cualquier administración pública es entender que gobierna para todos y no para un grupo determinado. El principio del bien general debe estar siempre, pero siempre por encima de intereses particulares, políticos o de conveniencia circunstancial. Cuando una autoridad olvida esa premisa básica, se rompe la confianza entre ciudadanos e instituciones.
En Ciudad del Este, la repetida decisión de cerrar calles de alta circulación para la realización de eventos de carácter populista vuelve a poner en debate la falta de criterio de quienes tienen la obligación de administrar la ciudad. Las calles no son propiedad de una administración de turno ni herramientas para fortalecer una imagen política; son espacios públicos que pertenecen a todos los ciudadanos.
La Municipalidad bajo la conducción del Clan Prieto y sus secuaces, vuelve a mostrar una forma de gestión basada más en el ruido y la propaganda que en la responsabilidad institucional. Organizar actividades puede formar parte de la dinámica de una ciudad, pero jamás puede hacerse perjudicando a miles de personas que utilizan esas vías para trabajar, trasladarse, cumplir sus obligaciones o simplemente desarrollar su vida cotidiana.
El problema no es un evento en sí, sino la falta de equilibrio y respeto hacia el conjunto de la ciudadanía. Una autoridad responsable debe buscar alternativas, planificar y garantizar que los derechos de unos pocos no terminen afectando a la mayoría. El populismo suele buscar aplausos inmediatos, pero la gestión pública exige pensar más allá de una fotografía o un momento de exposición.
Cerrar calles constantemente sin medir consecuencias refleja una peligrosa confusión sobre el verdadero rol del Estado municipal. La función de una intendencia no es generar escenarios políticos, sino resolver problemas, ordenar la ciudad y proteger el interés colectivo. Cuando quienes administran lo público priorizan sus intereses partidarios o de imagen, se menosprecia a la comunidad.
La ciudadanía entrega poder a sus autoridades bajo la expectativa de que estas actuarán buscando el beneficio común, no para facilitar agendas personales de populismo barato. El contrato social se sostiene justamente en esa confianza. Los ciudadanos cumplen sus obligaciones y el Estado responde garantizando orden, servicios y protección del interés general. Pero cuando las autoridades dejan de velar por ese equilibrio, entonces desaparecen razones para que el común ciudadano respete deberes y obligaciones.
El Este necesita una administración que comprenda que gobernar no es imponer decisiones, sino administrar con responsabilidad los recursos y espacios que pertenecen a todos. El bien común no puede ser sacrificado por eventos, discursos o estrategias de posicionamiento político. Las calles cerradas son apenas un símbolo de la pérdida de la noción de que el poder público debe estar al servicio de la gente. Una ciudad no avanza cuando sus autoridades buscan aplausos; avanza cuando sus decisiones, aunque no siempre sean populares, respetan y benefician a la mayoría.
